La medida se enfoca principalmente en las normas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para el sector eléctrico. Las reglas establecidas durante el gobierno de Biden contemplaban que determinadas centrales de carbón y nuevas plantas de gas incorporaran tecnologías para reducir sus emisiones, entre ellas sistemas de captura y almacenamiento de carbono.
De acuerdo con la EPA, la eliminación de estas obligaciones evitará más de 300,000 millones de dólares en costos para la industria y permitirá ampliar la infraestructura de generación eléctrica en un momento en que Estados Unidos enfrenta un fuerte crecimiento de la demanda. La administración Trump vincula este incremento, entre otros factores, con la expansión de centros de datos, inteligencia artificial, manufactura y electrificación.
Lee Zeldin, administrador de la EPA, argumentó que retirar las restricciones permitirá construir nueva capacidad de generación con mayor rapidez. La administración también sostiene que las regulaciones sobre gases de efecto invernadero elevan los costos de la electricidad y dificultan el desarrollo de infraestructura energética.
"El gobierno de Trump llegó para proteger la energía estadounidense y garantizar que ustedes puedan permitirse mantener la luz encendida", declaró Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en un comunicado.
En abril de 2024, la EPA había establecido estándares para las emisiones de gases de efecto invernadero de centrales eléctricas fósiles nuevas, modificadas y reconstruidas, además de lineamientos para instalaciones existentes.
La EPA sostiene ahora que los gases de efecto invernadero tienen efectos globales y que los posibles daños derivados de sus emisiones son demasiado indirectos para justificar que la agencia los regule bajo la Ley de Aire Limpio. Con esta interpretación, la administración pretende limitar la capacidad de futuros gobiernos para utilizar esta legislación como mecanismo para establecer restricciones climáticas al sector eléctrico.
