Publicidad

La transición energética justa redefine la agenda climática en México

Sustituir combustibles fósiles por energías renovables no es suficiente si el cambio deja fuera a comunidades, trabajadores y territorios afectados por la crisis climática.
mié 13 mayo 2026 03:44 PM
La transición energética es necesaria para enfrentar el cambio climático, pero puede generar otro problema en México
El concepto de transición energética justa es una respuesta a los efectos sociales, económicos y ambientales de la descarbonización. (José Araújo/Getty Images)

México y el mundo atraviesan un momento decisivo para definir cómo enfrentar la crisis climática y transformar sus sistemas energéticos. La discusión ya no gira únicamente en torno a sustituir combustibles fósiles por energías renovables, sino sobre la forma en que se realizará ese cambio y quiénes se beneficiarán de él. Mientras algunos países avanzan en una transición energética impulsada principalmente por el mercado y las necesidades de seguridad energética, especialistas advierten que el verdadero desafío es lograr que esa transformación sea justa y no profundice las desigualdades existentes.

El concepto de transición energética justa es una respuesta a los efectos sociales, económicos y ambientales de la descarbonización. La idea busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, pero al mismo tiempo garantizar que los costos y los beneficios de este proceso se distribuyan de forma equitativa, sin dejar atrás a trabajadores, comunidades vulnerables o territorios históricamente afectados por la extracción de recursos.

Publicidad

La urgencia de acelerar esta transición se ha vuelto más evidente conforme avanzan los efectos del cambio climático. Sequías, incendios, olas de calor e inundaciones extremas se han intensificado en distintas regiones del mundo. Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos recientes, particularmente la guerra en Ucrania, evidenciaron la dependencia global de los combustibles fósiles y la vulnerabilidad de los sistemas energéticos basados en petróleo, carbón y gas.

En paralelo, la caída en los costos de las tecnologías renovables ha acelerado el cambio energético. Datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) muestran que en 2023 la electricidad generada por nuevos proyectos solares fotovoltaicos fue 56% más barata que las alternativas basadas en combustibles fósiles, mientras que la energía eólica terrestre resultó 67% más económica. El mismo organismo reportó que los costos de almacenamiento en baterías disminuyeron 89% entre 2010 y 2023, un elemento clave para resolver los problemas de intermitencia de las energías renovables.

Para Ortúzar, la transición ya está ocurriendo, pero no necesariamente por razones ambientales. “Se está dando naturalmente por temas de mercado, de seguridad, de soberanía y también temas ambientales”, señala. Sin embargo, advierte que replicar el modelo energético actual con nuevas tecnologías podría mantener las mismas dinámicas de exclusión y concentración económica.

“Podría darse que ya no se queme carbón, sino que se instalen miles de parques eólicos o solares, pero con las mismas injusticias que existen hoy, que se instalen sin participación de la gente que vive en los territorios o sin ningún resguardo para las tierras de donde se extraen los minerales necesarios para estas tecnologías”, dice Ortúzar.

La transición justa también implica redefinir quién produce y controla la energía. Durante décadas, los sistemas energéticos se construyeron bajo esquemas centralizados, dominados por grandes empresas y gobiernos. Ahora, especialistas plantean la posibilidad de avanzar hacia modelos más descentralizados, donde las comunidades puedan participar directamente en la generación y distribución de energía.

Ortúzar destaca el crecimiento de proyectos de autogeneración y energía comunitaria en distintas regiones de América Latina. “Imagínate un mundo donde una comunidad rural pueda generar su propia energía con paneles solares o pequeñas turbinas y no depender de una gran central”, comenta.

Publicidad

El avance tecnológico ha contribuido a abrir esa posibilidad. Además de la reducción en costos de paneles solares y turbinas eólicas, el desarrollo de sistemas de almacenamiento ha permitido que las energías renovables ganen competitividad frente a los combustibles fósiles. Sin embargo, especialistas advierten que el despliegue masivo de estas tecnologías también debe realizarse bajo criterios ambientales y sociales claros.

Colombia impulsa una de las iniciativas más relevantes en la región. El país convocó la conferencia de Santa Marta, un encuentro internacional enfocado en acelerar la salida de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética con enfoque social. La reunión surgió después de años de estancamiento en las negociaciones climáticas globales.

La conferencia busca reunir a gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones sociales, sindicatos, juventudes y representantes locales para discutir mecanismos de transición energética con participación amplia. Aunque las principales economías fósiles no forman parte del proceso, sus impulsores consideran que puede convertirse en un espacio para generar estándares internacionales y nuevas alianzas.

El desafío, sin embargo, no es únicamente tecnológico o financiero. También implica construir marcos regulatorios capaces de sostener las políticas climáticas más allá de los cambios de gobierno. Ortúzar insiste en que la protección ambiental y la acción climática deben entenderse como políticas de Estado y no como decisiones temporales.

“El Acuerdo de París, las opiniones consultivas internacionales y los compromisos climáticos establecen obligaciones para proteger a las personas y al planeta. El problema no es la falta de normas, sino la implementación”, asegura la especialista.

Con información de Rosalía Lara.

Publicidad

Publicidad