Dulce García. analista en Medio Ambiente y Cambio Climático de la ONU-Habitat, dijo que la crisis hídrica en México debe abordarse desde una visión sistémica y no únicamente como un problema de infraestructura e indicó que el ODS 6, enfocado en agua limpia y saneamiento, está estrechamente vinculado con otros objetivos de la Agenda 2030, como salud, infraestructura, ciudades sostenibles, acción climática y protección de los ecosistemas.
García resaltó que la gestión del agua debe incorporar aspectos como calidad, eficiencia, tratamiento, higiene y una administración centrada tanto en las personas como en los ecosistemas. Sin embargo, el reto no consiste únicamente en ampliar la infraestructura, sino en garantizar su operación y mantenimiento, especialmente ante redes que en algunos casos tienen entre 50 y más de 100 años de antigüedad.
“México es uno de los pocos países de la subregión que establece el derecho al agua dentro de su constitución, pero a veces el gran reto no es tener la normatividad en torno al tema. Es cómo lo implementas, cómo lo llevas a las ciudades, cómo realmente conviertes una ley en una mejora para la ciudadanía”, destacó.
Ricardo González Noli, presidente de la delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que México cuenta con una amplia cobertura de infraestructura hidráulica, pero persisten importantes brechas en la continuidad del servicio, pues explica que 96.1% de la población tiene cobertura de agua potable y 95.2% de alcantarillado, solo 56.3% recibe agua entubada diariamente.
A esto se suma que 68.1% de las aguas residuales recibe tratamiento, mientras que la falta de recursos para operar y mantener las plantas limita su funcionamiento. El diagnóstico del presidente de la CMIC también muestra una fuerte presión sobre los recursos hídricos, particularmente en el Valle de México, donde la presión hídrica alcanza 128%, frente a 19.2% a nivel nacional.
González agregó que además que cerca de la mitad de los acuíferos del país ya no tiene disponibilidad de agua. Ante este escenario, consideró necesario incrementar la inversión a 150,000 millones de pesos para garantizar recursos específicos para la operación y mantenimiento de la infraestructura, más allá de la construcción de nuevas obras, de los cuales alrededor de 50,000 millones corresponderían al Valle de México.