En este contexto, el gobierno federal ha reforzado su estrategia de financiamiento sostenible. Desde 2020, el país se convirtió en el primero en colocar un bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A la fecha, ha realizado 22 emisiones por un monto equivalente a 26,900 millones de dólares. Los recursos se han destinado tanto a gasto social como a proyectos verdes prioritarios, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con regulaciones actualizadas en materia de manejo de residuos y economía circular.
“El financiamiento sostenible es un pilar para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 en México, porque permite alinear el presupuesto público con objetivos sociales y ambientales medibles. No solo moviliza capital, sino que fortalece la rendición de cuentas, mejora la calidad del gasto y garantiza que los recursos lleguen a las poblaciones y territorios con mayores rezagos”, señaló el PNUD en su reporte.
A nivel subnacional y corporativo, la emisión de bonos se ha consolidado como un canal clave para impulsar proyectos ambientales y sociales. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Ciudad de México se mantiene como el principal emisor de instrumentos vinculados a la sostenibilidad, con un monto de 3,000 millones de pesos, mientras que el Estado de México registra 2,890 millones de pesos.
En la reciente colocación de un bono sostenible de la capital, directivos de la Bolsa y funcionarios coincidieron en que el liderazgo de la ciudad se sustenta en un entorno urbano diversificado y altamente conectado, capaz de atraer tanto a empresas tradicionales como a proyectos con enfoque verde.
Inversiones ESG en Nuevo León
Aunque el financiamiento sostenible en Bolsa aún es limitado, Nuevo León tiene el potencial de ser un polo de crecimiento económico para aquellas empresas con iniciativas que integran criterios ambientales y de inclusión social.
Uno de los proyectos más emblemáticos es la construcción de un parque industrial sostenible en el municipio de García, el cual a cargo de la desarrolladora de naves industriales, Finsa, con una inversión superior a 220 millones de dólares. Según la empresa, este complejo está orientado a industrias ligeras y no contaminantes, e incorpora infraestructura verde para promover una producción responsable.
Además, el estado participa en acuerdos para impulsar proyectos de biometano con empresas internacionales como ENGIE México, con el objetivo de aprovechar residuos orgánicos para generar energía limpia y reducir emisiones.
