Una de las principales medidas aprobadas por el Congreso es la preferencia que CFE tendrá en el suministro de electricidad, lo que limita el desarrollo de fuentes de energía más limpias al reducir la participación de privados. De acuerdo con Dario Ibarguengoitia, director general en Ambiente Regenerativo Integral, “el problema radica en que CFE no está invirtiendo ni está desarrollando energías limpias, sino que sigue manteniendo energías sucias”.
Esta política afecta la posibilidad de reducir las emisiones del sector eléctrico, que representa 64% del total nacional, según datos del INECC.
Si bien, México se encuentra dentro de sus compromisos en el Acuerdo de París, estos se establecieron sobre una base baja, permitiendo que las metas parezcan alcanzables, por lo que Ibarguengoitia considera que las metas son “cómodas”, aunque insuficientes para una reducción de emisiones que permita cumplir con los objetivos internacionales a largo plazo y tener un impacto real.
Pero no solo hay presión por parte de los compromisos firmados, “cada vez más empresas demandan este tipo de energía”, señala García, impulsadas en parte por el fenómeno del nearshoring, que ha llevado a empresas extranjeras a buscar condiciones de suministro energético más limpias y estables en el país.
La transición energética en México no sólo depende del desarrollo de energía renovable, sino también de la capacidad de transportar dicha energía a los centros industriales donde se concentran la mayoría de las empresas que se están instalando. "Es necesaria una inversión en infraestructura para el futuro", afirma García, quien explica que “la energía renovable tiene una característica que generalmente no se produce en el mismo sitio que se consume”. Estados como Nuevo León y Guanajuato, donde la demanda energética es alta, requerirán redes eléctricas robustas para evitar problemas de suministro, algo que impacta directamente en la industria nacional.
Pero los resultados de una estrategia, aunque se pusiera en marcha ahora, no se dan de la noche a la mañana. De acuerdo con García pueden pasar de tres a cuatro años para que un proyecto esté completamente operativo, desde la obtención de permisos hasta la construcción de la infraestructura, este plazo también representa un reto, ya que “durante ese tiempo, hace falta seguir invirtiendo en infraestructura y fomentar la descarbonización de la matriz energética”.
