El aumento propuesto de las cuotas será aplicable para servicios vinculados con autorizaciones de vida silvestre, aprovechamientos forestales, cambio de uso de suelo, sanidad forestal y licencias relacionadas con contaminación atmosférica.
El paquete no solo contempla mayores costos de trámites, sino también propone establecer que las empresas deberán contar con un aparato de medición en cada uno de los puntos de extracción con los que cuenten. Además, esos equipos deberán cumplir con las características que determine la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Para las empresas que tienen varias fuentes de abastecimiento, esto puede implicar costos adicionales, ya que la obligación pasaría de contar con equipos de medición a tener un medidor en cada punto de extracción y llevar un registro individual de los volúmenes de agua utilizados.
Además, para 2027 se plantea que el SAT participe junto con la Conagua en la administración y fiscalización de los derechos que pagan las empresas por el uso del agua. Esto permitiría que el SAT también intervenga en tareas como determinar cuánto deben pagar los contribuyentes, cobrar esos derechos y revisar que estén cumpliendo con sus obligaciones. La medida no crea un nuevo impuesto por el uso del agua, sino que amplía la participación del SAT en la vigilancia y cobro de estas contribuciones.
Todo esto se propone mientras Conagua revisa el universo de concesiones de agua. La dependencia reportó en 2025 que llevaba revisados 482,000 de más de 536,000 títulos y había detectado 58,938 inconsistencias, entre ellas documentos falsificados, usos distintos a los autorizados y coordenadas erróneas.
Con estas propuestas, para las empresas con operaciones forestales, industriales o extractivas, así como para aquellas que cuentan con varios puntos de aprovechamiento de agua, el cumplimiento ambiental puede implicar costos adicionales por la instalación de equipos de medición, verificaciones, sistemas de información, personal especializado y el pago de mayores cuotas por los servicios de la autoridad.
