Durante meses los países asistentes a la COP29 han negociado un borrador de acuerdo para fijar una nueva cantidad de ayuda que los países desarrollados, los que históricamente han emitido más gases de efecto invernadero, deben entregar a los países más afectados.
En 2009, en la COP15 de Copenhague, se acordó que los países industrializados entregarían 100,000 millones de dólares anuales, en ayuda directa o préstamos multilaterales. Ese volumen de ayuda se alcanzó con dos años de retraso, en 2022, y ahora los expertos afirman que se necesita como mínimo una cantidad diez veces superior.
Esa ayuda debe servir tanto para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente mediante una gigantesca reconversión energética mundial, como en la adaptación.
Una región como América Latina emite menos del 10% de gases de efecto invernadero, pero es una de las que más impacto sufre por el calentamiento del planeta.
Sin embargo, las prioridades de negociación de la cumbre compiten por los recursos y la atención de los Gobiernos frente a las preocupaciones económicas, las guerras en Ucrania y Gaza y la reelección la semana pasada en Estados Unidos de Donald Trump, un negacionista del cambio climático, como presidente de la mayor economía del mundo.
Además de la cifra de la ayuda y del calendario, las naciones deben ponerse de acuerdo en quién paga.
En 2009 el grupo de países que asumieron los 100,000 millones de dólares eran poco más de 30, y China se quedó fuera. Ahora la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, quieren que Pekín asuma parte de la factura, lo que se anuncia difícil.
China, el principal emisor de gases, cuenta con su propia agenda de ayuda climática. Y por otro lado domina grandes sectores de la reconversión energética, como los metales raros.
La propuesta china, presentada en nombre del grupo de países BASIC (Brasil, India y Sudáfrica), de rápido desarrollo, pedía que la cumbre abordara "medidas comerciales restrictivas", como los aranceles sobre el carbono en la frontera de la UE, que entrarán en vigor en 2026.