Los impuestos al carbono se empezaron a implementar en Finlandia a principios de los 90´s, con el objetivo de incentivar una reducción de las emisiones al asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que las empresas lanzan a la atmósfera.
Con este impuesto, los productores están motivados a reducir sus emisiones GEI para evitar el pago y los recursos recaudados son usados por el gobierno para implementar proyectos de mitigación y combatir el cambio climático.
Si bien los objetivos detrás de la decisión de desarrollar un impuesto al carbono pueden varían entre jurisdicciones, la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2) explica que se tienen que considerar cinco elementos para su diseño: establecer el punto de regulación, definir la base gravable, determinar la tasa impositiva, considerar mecanismos de flexibilidad y determinar el uso de ingresos.
En México, el impuesto al carbono se aplica a las gasolinas, diésel y combustible para aviones desde hace 11 años, en apego a los Acuerdos de París y a la meta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En diciembre del año pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la implementación de un nuevo impuesto ecológico que entrará en vigor este 2025. La implementación de este impuesto busca desincentivar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adopción de tecnologías limpias y prácticas más responsables con el medio ambiente.
"El precio al carbono es un instrumento que ha sido considerado internacionalmente como una medida poderosa y eficiente para reducir las emisiones de GEI. Incluso, puede tener efectos positivos como ayudar a mitigar impactos negativos generados por estos contaminantes o ayudar a financiar otras políticas sociales y ambientales", menciona un reporte de México Evalúa.
A partir del 1 de abril, en la Ciudad de México entró en vigor este gravamen que establece una cuota de 58 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) equivalente, metano, óxido nitroso, dióxido de azufre, PM10, PM2.5 y amoníaco emitida.
El impuesto está dirigido a personas físicas, morales, jurídicas y colectivas que posean fuentes fijas de emisiones, como fábricas y plantas de producción cuyas actividades generen contaminantes atmosféricos en la CDMX. Y el pago deberá hacerse de manera anual.
Juan Pablo de Botton, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, explicó en una conferencia con representantes del sector privado que con el impuesto se tiene previsto una recaudación de 60 millones de pesos.
"En la Ciudad de México sabemos que contribuimos con el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país y que puede triplicarse a mitad del siglo si no se impulsa un desarrollo económico bajo en emisiones", señaló en la misma conferencia Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
En la conferencia, Brugada también anunció que prepara un plan con las empresas para reducir sus emisiones GEI y que el proyecto final se dará a conocer el cinco de junio.
La jefa de Gobierno explicó que se implementarán acciones para desarrollar la movilidad integrada de la ciudad, transporte eléctrico y la promoción del uso de la bicicleta.
Además, el gobierno trabaja con el sector privado para promover la construcción de una ciudad solar, sistemas de eficiencia energética y la aplicación de tecnología para reducir el consumo de electricidad.
Otro de los puntos claves del plan es la reducción en la generación de basura.
"Nuestra propuesta es disminuir a la mitad de lo que producimos todos los días, que son 13,000 toneladas de residuos, que cuando concluyamos en seis años, la mitad puedan haberse transformado y reciclado", dijo Brugada.
