La empresa de cruceros, Royal Caribbean hizo la presentación desde 2025 de un proyecto para construir un complejo acuático con playas artificiales, albercas, restaurantes y toboganes inspirado en su modelo de CocoCay, en Bahamas. El proyecto contempla una inversión cercana a los 1,000 millones de dólares y la recepción de hasta 21,000 visitantes diarios en una comunidad cuya economía depende principalmente del turismo de cruceros.
La apuesta ocurre en un momento en que las grandes navieras y cadenas hoteleras enfrentan costos crecientes derivados de la degradación ambiental del Caribe. La presencia de sargazo obliga cada año a destinar millones de dólares a labores de limpieza y contención en destinos turísticos de Quintana Roo, mientras que la pérdida de arrecifes reduce el atractivo de actividades como el buceo y el esnórquel. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha advertido que los ecosistemas costeros son fundamentales para la economía turística de las regiones insulares y que su deterioro representa un riesgo económico y social para los destinos dependientes del turismo.
Ante ello, los desarrollos artificiales representan una ventaja para la industria turística, ya que permiten controlar el entorno y disminuir la dependencia de playas naturales, manglares o arrecifes. Albercas, lagunas artificiales y playas regeneradas ofrecen experiencias previsibles incluso durante temporadas de sargazo o mal clima. Además, este modelo facilita que el gasto turístico permanezca dentro de complejos privados operados directamente por las navieras.
No obstante, organizaciones ambientales advierten que este tipo de proyectos puede intensificar la presión sobre ecosistemas ya deteriorados. Greenpeace ha señalado que el desarrollo en Mahahual podría afectar manglares, fauna costera y sistemas acuíferos de la región. La organización entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un análisis técnico sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha declarado recientemente que el proyecto no será aprobado, aunque sin ofrecer más detalles. La dependencia había informado previamente que realizaba revisiones integrales de la MIA y analizaba los posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos, así como las medidas de mitigación planteadas por la empresa.
“La Secretaría considera las más de 14,000 opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, así como la información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida Greenpeace México”, indicó la Semarnat en una nota informativa.
Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México, señala que la fragmentación de la península de Yucatán ha permitido la expansión de proyectos turísticos que ponen presión sobre los ecosistemas y las comunidades.
Lara considera que el gobierno debe impulsar un modelo distinto de desarrollo turístico para la región. Agrega que es necesario que esto vaya más allá y lo que solicitan al gobierno actual, encabezado ahora por Alicia Bárcena, es que haya un plan interestatal para promover otro modelo de desarrollo.