El mundo ya ha superado el umbral de 1.5°C de aumento en la temperatura global, intensificando los impactos climáticos. Para México, este escenario presenta una doble vulnerabilidad: enfrenta eventos climáticos extremos y su economía depende de los combustibles fósiles, que representan más del 80% de su matriz energética. Mientras grandes economías reconfiguran sus modelos productivos hacia tecnologías limpias, México sigue importando gas, gasolina y diésel de Estados Unidos, lo que encarece el acceso a la energía y reduce su autonomía. Además ha incumplido con sus compromisos internacionales de cambio climático.
México y la transición energética: la brecha entre el plan y la acción
La transición energética no puede ser solo un ejercicio de planeación, sino un proceso con objetivos definidos, incentivos adecuados y mecanismos de transparencia que permitan evaluar su progreso.
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La Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) amplía su alcance más allá del sector eléctrico e incluye hidrocarburos, electromovilidad y eficiencia energética. Sin embargo, su éxito dependerá de su implementación. La falta de metas concretas, mecanismos de monitoreo y coherencia con otras regulaciones del sector energético podrían limitar su impacto. La creación del Consejo de Planeación Energética y el Plan de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PLATEASE) buscan institucionalizar la transición energética y dotarla de continuidad más allá de los cambios de gobierno. Sin embargo, sin objetivos específicos ni herramientas de rendición de cuentas, la estrategia podría quedarse en el papel.
A diferencia de otros países que han establecido plazos y porcentajes de reducción de emisiones y adopción de energías renovables, la LPTE deja estos parámetros abiertos a interpretación, lo que puede derivar en una falta de rumbo claro. Además, no contempla instrumentos para medir el progreso ni exige reportes públicos periódicos que garanticen la transparencia del proceso.
El principal obstáculo para la implementación de la LPTE es su falta de alineación con el marco legal del sector energético. Mientras que esta ley plantea un modelo de descarbonización a largo plazo, otras normativas siguen priorizando los combustibles fósiles. La Ley de Hidrocarburos promueve la producción y refinación de petróleo y gas, a pesar de la referencia a metas de descarbonización. México continúa apostando por la expansión de su infraestructura petrolera mientras otras economías buscan reducir su dependencia de estos recursos.
Otro problema es la reforma a los Certificados de Energía Limpia (CELs), que originalmente incentivaban la inversión en proyectos de energía renovable. La nueva regulación permite que estos certificados sean otorgados a plantas hidroeléctricas y nucleares ya existentes de CFE, reduciendo así la necesidad de desarrollar nueva capacidad renovable y restando atractivo a la inversión privada en el sector.
La exclusión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Consejo de Planeación Energética es una omisión significativa. Dado que la Semarnat es la entidad encargada de garantizar la reducción de emisiones y evaluar los impactos ambientales de la política energética, su ausencia genera un vacío en la supervisión ambiental y reduce la capacidad del Estado para coordinar la transición energética con sus compromisos climáticos.
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Para que la LPTE sea efectiva, es necesario subsanar estas deficiencias mediante medidas concretas. La ley debería incorporar metas vinculantes y cuantificables, estableciendo porcentajes de reducción de emisiones y de participación de energías renovables con plazos definidos. También es fundamental restaurar los incentivos a la inversión en tecnologías limpias, asegurando que los CELs cumplan su propósito original de fomentar nueva infraestructura renovable en lugar de reconocer capacidad instalada previa.
Asimismo, la LPTE debe integrarse de manera estratégica con el resto de la legislación energética. La contradicción entre la promoción de hidrocarburos y la transición energética solo puede resolverse con una alineación clara entre la LPTE, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Empresas Productivas del Estado, asegurando que el marco regulatorio impulse la diversificación energética y no la expanda en direcciones opuestas.
La transparencia y la rendición de cuentas también deben fortalecerse mediante la implementación de indicadores de medición que permitan evaluar periódicamente los avances de la transición energética. Estos reportes deben ser accesibles al público y supervisados por organismos independientes que garanticen su objetividad. Finalmente, la reincorporación de la Semarnat en la toma de decisiones del sector energético es esencial para que la transición responda tanto a criterios de seguridad energética como de sostenibilidad ambiental.
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La LPTE representa un avance en la institucionalización de la transición energética en México al integrar tanto el sector eléctrico como el de hidrocarburos dentro de una estrategia común. Sin embargo, su efectividad dependerá de la claridad de sus objetivos, la solidez de sus mecanismos de implementación y su alineación con otras políticas energéticas y ambientales. México enfrenta una oportunidad clave para adaptarse a la nueva realidad global, donde la competitividad estará determinada en gran medida por el acceso a tecnologías limpias y energías renovables. Para ello, la transición energética no puede ser solo un ejercicio de planeación, sino un proceso con objetivos definidos, incentivos adecuados y mecanismos de transparencia que permitan evaluar su progreso.
Si el país logra armonizar su política energética con las tendencias globales y con la urgencia climática, podrá reducir su vulnerabilidad ante la volatilidad de los combustibles fósiles, fortalecer su autonomía energética y posicionarse de manera competitiva en la economía del futuro. La LPTE es un punto de partida, pero su verdadero potencial radica en convertirla en una herramienta de transformación real y no en una estrategia de largo plazo sin ruta clara de implementación.
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Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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