Con estas reglas, el país se alinea con estándares globales y busca dotar de mayor transparencia a los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Aunque ya existían marcos de reporte voluntario o sectoriales, esta obligatoriedad implica cambios profundos en los procesos internos, sistemas de información y responsabilidad de los altos mandos corporativos.
Simultáneamente, en el plano internacional se agudiza el impulso regulatorio. La Unión Europea, por ejemplo, ha fortalecido su régimen con la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y las Normas Europeas de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), que obligan a las empresas a divulgar impactos en toda su cadena de valor, incluidos los alcance 1, 2 y 3 de emisiones de gases de efecto invernadero, y hacen exigible la verificación independiente de datos.
En paralelo evoluciona el ‘Global Regulations Radar’ del ERM Sustainability Institute, que identifica riesgos regulatorios emergentes con impacto mundial, como reglas más severas sobre deforestación, economía circular y declaraciones verdes verificables. Estos cambios globales presionan a empresas con operaciones transfronterizas o vinculadas a cadenas de suministro internacionales a anticipar reformas regulatorias locales.
Una consecuencia lógica de este entorno es que las empresas deben elevar con urgencia su madurez ESG. El informe Panorama de las empresas latinoamericanas sobre ESG, elaborado por EY, revela que muchas compañías se encuentran en fases iniciales de implementación, frente a brechas en monitoreo, reporte y vinculación de ESG con su estrategia de negocio.
Para sortear esas brechas, se hace indispensable consolidar sistemas de datos consistentes, aplicar metodologías reconocidas de materialidad, y acercarse a auditorías independientes. En materia de reporte, el desafío es integrar datos ESG con los estados financieros tradicionales en un único discurso que sea creíble ante inversionistas.
En el plano social y de gobernanza, las compañías enfrentan una presión creciente por demostrar que no solo cumplen con emisiones o eficiencia energética, sino que atienden derechos humanos, diversidad, condiciones laborales en su cadena de suministro y prácticas éticas.