¿Qué compromisos asumen las empresas que firman el CEO Pledge Anticorrupción?

“La corrupción continúa debilitando la competencia justa y la confianza necesarias para sostener el crecimiento económico. Para las empresas, sus consecuencias van desde sanciones legales y financieras hasta daños reputacionales, pérdida de oportunidades de negocio, deterioro del clima laboral y menor inversión”, menciona la Guía Anticorrupción y Cumplimiento Ético Empresarial de la ONU.

La iniciativa plantea cinco compromisos para los líderes empresariales. El primero es generar conciencia sobre la presencia y las consecuencias de la corrupción en el sector privado. El segundo consiste en utilizar anualmente la Herramienta de Integridad Corporativa desarrollada por Pacto Global México y UNODC para evaluar las prácticas de la organización.

Los otros compromisos son adoptar políticas corporativas de integridad y anticorrupción e impulsar su aplicación a lo largo de la cadena de valor; capacitar al personal, incluida la alta dirección, y participar en proyectos de acción colectiva; así como colaborar activamente en las actividades anticorrupción de ambos organismos. Además, la misma iniciativa se relaciona con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, enfocado en la paz, la justicia y las instituciones sólidas.

La herramienta de autoevaluación fue diseñada con 39 indicadores y 68 preguntas sobre aspectos como el marco normativo, la capacitación, el control de riesgos y la transparencia, de acuerdo con la ficha del proyecto publicada por el Pacto Global de las Naciones Unidas. El instrumento busca que las empresas identifiquen áreas de oportunidad en sus programas de cumplimiento y establezcan medidas para fortalecerlos.

Aeroméxico, HSBC y Volkswagen, entre las empresas adheridas

Según datos del ranking de Empresas Responsables 2026 , el 13% de las empresas participantes está adherida al CEO Pledge Anticorrupción con empresas como Aeroméxico, HSBC México, Aleatica, GNP Seguros, Grupo Financiero BASE, Vesta y TIP de México. La lista también registra a Volaris, Nestlé México, Volkswagen, Veolia y Unilever de México entre otras compañías de distintos sectores.

La ONU explica que la adhesión de estas compañías muestra que el compromiso ha llegado a organizaciones de diferentes tamaños y actividades económicas. Sin embargo, reconoce que la inclusión en el directorio acredita su participación en la iniciativa, más no constituye por sí misma una certificación independiente de sus programas anticorrupción ni demuestra que hayan eliminado los riesgos de corrupción.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los controles y las medidas de ética y cumplimiento deben responder a los riesgos particulares de cada empresa, considerando factores como su tamaño, sector, estructura y mercados en los que opera.

La organización también recomienda que estos programas cuenten con respaldo visible de la alta dirección, controles internos, supervisión, canales para denunciar irregularidades y revisiones periódicas que permitan evaluar su efectividad. Además, plantea que las empresas hagan pública información sobre sus medidas de cumplimiento.

Uno de los principales desafíos es extender las políticas más allá de los documentos corporativos. Esto implica capacitar a los empleados, asegurar que los mandos directivos cumplan las mismas reglas, revisar la relación con intermediarios y proveedores, y establecer controles sobre operaciones expuestas a riesgos, como las compras, los contratos y las interacciones con autoridades.

El reto de medir los avances

El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la OCDE advierte que uno de los principales problemas para combatir la corrupción es que las leyes no siempre se cumplen en la práctica. En los países miembros del organismo, las normas alcanzan 63% de solidez, pero su aplicación llega a 44%, una diferencia de 19 puntos porcentuales.

Otro problema es que pocos gobiernos revisan si sus medidas anticorrupción realmente se cumplen. Solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE supervisa cada año el avance de sus estrategias. Además, en los países que sí revisan sus avances, se ejecuta, en promedio, 58% de las acciones previstas, lo que significa que más de cuatro de cada 10 medidas no llegan a implementarse.

La OCDE recalca que esto dificulta saber si los compromisos anunciados se convierten en acciones concretas para prevenir y combatir la corrupción.

El organismo también señala que medir la corrupción mediante encuestas de percepción no siempre permite conocer lo que ocurre en la realidad ni identificar mejoras en poco tiempo. Para evaluar mejor los resultados, es necesario conocer las experiencias de las empresas y los trabajadores del sector público, además de revisar información sobre la aplicación de las medidas. Sin embargo, de los países analizados, solo seis utilizaron encuestas a empresas y siete consultaron a empleados públicos para diseñar sus estrategias anticorrupción.

"La integridad es un activo estratégico para los gobiernos y las empresas. Protege a las democracias contra la corrupción, el fraude y el despilfarro, favorece el crecimiento y la competencia justa, y mejora la confianza y la participación en las instituciones públicas”, agrega el reporte.