Esta mayor selectividad también está impulsando cambios en las estructuras de los bonos temáticos, pues conforme el mercado madura, emisores e inversionistas afinan sus objetivos y criterios para determinar qué instrumentos ofrecen una contribución sostenible creíble y consistente con la estrategia general de la empresa.
A nivel internacional, la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA), responsable de los Principios de Bonos Verdes, ha actualizado sus lineamientos para reforzar la transparencia, la asignación de recursos y los mecanismos de reporte. El objetivo es fortalecer la confianza de los inversionistas y reducir el riesgo de declaraciones ambientales que no estén respaldadas por resultados verificables.
"La transparencia, la divulgación y la integridad del mercado son fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas en las finanzas sostenibles, ya que la credibilidad de estos instrumentos dependerá cada vez más de la evidencia que respalde los beneficios ambientales de los proyectos financiados", señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta evolución también modifica la forma en que los grandes administradores de activos, como BlackRock, Mirova y Nikko Asset Management, evalúan los instrumentos sostenibles. La disponibilidad de métricas comparables permite mejorar la evaluación de los riesgos climáticos y distinguir entre proyectos con beneficios ambientales comprobables y aquellos cuya contribución es limitada o difícil de verificar.
Desde la perspectiva de Banorte, la evaluación de estos instrumentos requiere considerar no solo las características ambientales del proyecto, sino también la forma en que se estructura y verifica la emisión y la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Entre los elementos que pueden adquirir mayor peso están el destino de los recursos, la alineación con marcos de referencia, la verificación independiente, los reportes de impacto y la integración de los criterios de sostenibilidad con el gobierno corporativo y las taxonomías aplicables.
A nivel internacional, los bonos etiquetados acumularon un monto de 8.1 billones de dólares en los últimos 10 años. En los primeros ocho meses de 2026, las emisiones sumaron 454,000 millones de dólares, equivalentes a 57% del monto colocado durante todo 2025, según datos de Climate Bonds.
Para Quiroz, el crecimiento del mercado no implica sustituir el análisis financiero tradicional por criterios ambientales, sino incorporarlos dentro de una evaluación más amplia. El primer criterio debe seguir siendo el riesgo crediticio del emisor, seguido por el rendimiento ajustado por riesgo y la liquidez. Después debe analizarse qué se financiará, cómo se seleccionan los proyectos, cuáles son los indicadores de impacto y cómo se reportan los resultados.
"El país tiene necesidades importantes de inversión en energía, agua, infraestructura, transporte, vivienda y eficiencia energética, por lo que los bonos etiquetados pueden convertirse en una fuente adicional de financiamiento para proyectos que tienen una necesidad económica real", recalca la directora de Análisis de Monex.