Coca-Cola FEMSA, Ternium, Cemex y Philip Morris International ya incorporan referencias monetarias por tonelada de CO2e en sus procesos de planeación, aunque los precios varían mucho entre sí.
Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA utiliza un precio interno de entre 53.1 y 65.7 dólares por tonelada de CO2e. Ternium reporta una referencia de 80 dólares, mientras Cemex ha utilizado un precio de 30 dólares. Philip Morris International, por su parte, ha empleado una referencia de 17 dólares por tonelada, de acuerdo con los reportes financieros de cada empresa.
Un reporte de Patch, Boston Consulting Group y la Universidad de Oxford, destaca que una referencia demasiado baja puede subestimar los costos futuros de sustituir equipos, combustibles o procesos productivos. Un precio elevado, en cambio, puede alterar de manera importante la rentabilidad estimada de ciertos proyectos. Por ello, algunas compañías pueden trabajar con diferentes escenarios y evaluar cómo cambia una inversión ante distintos precios por tonelada de CO2e.
Bee Hui Yeh, directora de Estrategia y Soluciones Climáticas en Patch, recomienda adoptar inicialmente un precio sombra, es decir, el valor del carbono se aplica de forma hipotética para guiar la planificación estratégica y la evaluación de riesgos, para que sirva de rampa de acceso para ayudar a los equipos a comprender las implicaciones comerciales del carbono sin generar un cobro financiero real.
Hui Yeh agrega que las empresas necesitan fortalecer su gobierno interno, supervisar mejor sus procesos y contar con datos confiables para dar seguimiento a sus avances y comprobar cuánto han reducido realmente sus emisiones. También deben definir cómo establecerán el precio del carbono. Para ello, pueden calcular cuánto les cuesta reducir cada tonelada de CO2e, revisar los precios de mercados regulados de carbono, considerar el costo social de las emisiones o incluso determinar cuánto podrían pagar por tonelada de acuerdo con su margen de ganancia.
En México, el precio interno sigue siendo principalmente una herramienta voluntaria de análisis y no un costo que necesariamente se pague o registre contablemente. A nivel regulatorio, el país cuenta con impuestos estatales al carbono y un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) que aún no genera una señal nacional única. El SCE está dirigido a instalaciones de los sectores energía e industria que reportan emisiones directas anuales de al menos 100,000 toneladas de CO2e y funciona mediante derechos de emisión y créditos de compensación.
Esto significa que las empresas pueden tener distintos precios dependiendo de su actividad, ubicación y exposición a los mecanismos regulatorios. Además, el impuesto federal al carbono está incorporado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles fósiles, mientras que algunos gobiernos estatales han desarrollado sus propios gravámenes.
El Comité de Finanzas Sostenibles donde participa la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, señala que los impuestos al carbono en México y otros países de América Latina siguen ubicándose en niveles relativamente bajos frente a referencias internacionales.
En 2026, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) reportó avances en cinco estados con distintos grados de implementación; sin embargo, las empresas todavía enfrentan precios, metodologías y reglas fragmentadas.
