Cambios estructurales: simplificación, voluntariedad y umbrales
Además del cambio en el umbral, otros aspectos de la reforma apuntan a simplificar la información que las empresas deben entregar. El acuerdo de diciembre estipula que los estándares de reporte serán más cuantitativos y menos prescriptivos, se eliminará la obligatoriedad de reportes sectoriales específicos y se introducirá un portal digital con plantillas y orientaciones.
Asimismo, la reforma protege explícitamente a las empresas más pequeñas de verse arrastradas por obligaciones indirectas. Bajo las nuevas reglas, las compañías con menos de 1,000 trabajadores no estarán obligadas a proporcionar información adicional a sus grandes socios comerciales más allá de lo que establecen los estándares voluntarios.
En cuanto a la CSDDD, las reglas de diligencia debida sobre derechos humanos y medio ambiente, también están siendo retrasadas y acotadas a un número mucho más restringido de empresas, aunque algunas de sus obligaciones se mantienen bajo revisión.
Impacto en el mercado
Para consultoras y asociaciones empresariales, estos cambios alivian lo que consideraban una carga desproporcionada para muchas corporaciones europeas.
“La simplificación permitirá que las empresas se enfoquen más en resultados ambientales tangibles en lugar de un laberinto burocrático”, señalan analistas de RÖDL & Partner.
Sin embargo, para otros el efecto es preocupante. La reducción de obligaciones de reporte y la menor participación obligatoria de pequeñas y medianas empresas han sido criticadas como una debilitación de la transparencia corporativa y un posible obstáculo para la integración de criterios ESG en decisiones de inversión y financiamiento.
Más allá del ámbito europeo, el repliegue regulatorio tiene implicaciones para el avance de los criterios ESG a nivel global, pues durante los últimos años, la Unión Europea se había consolidado como el principal referente normativo en materia de sostenibilidad corporativa, influyendo tanto en regulaciones nacionales de terceros países como en las políticas internas de grandes multinacionales.
De acuerdo con la Fundación IFRS, la CSRD había contribuido a acelerar la adopción de estándares internacionales de reporte, al generar “una fuerte demanda de información comparable y fiable sobre sostenibilidad por parte de los mercados financieros”. La disminución del número de empresas obligadas a reportar debilita ese efecto de arrastre y podría ralentizar la convergencia global hacia marcos comunes, un objetivo que organismos como el International Sustainability Standards Board (ISSB) consideran clave para la estabilidad financiera y la asignación eficiente de capital.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que una menor cobertura regulatoria incrementa los riesgos de asimetría de información y dificulta la evaluación de impactos ESG en cadenas de valor transfronterizas. Para los inversionistas institucionales, agrupados en iniciativas como los Principios para la Inversión Responsable (PRI), el cambio supone un retroceso en la disponibilidad de datos consistentes, en un momento en el que los riesgos climáticos y sociales son cada vez más materiales para las decisiones de inversión a escala global.
