La administración de Donald Trump eliminó la base científica y legal que sustentaba las regulaciones federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que dejará sin efecto los requisitos de medición, reporte y cumplimiento de límites para vehículos y otras fuentes industriales. La decisión, anunciada el 12 de febrero por la Environmental Protection Agency (EPA), representa la mayor reversión de normas ambientales en el país.
EU borra las reglas climática y abre un nuevo frente para el sector privado
El gobierno de Estados Unidos revocó requisitos de medición, reporte y límites de emisiones, lo que socava la transparencia empresarial y genera incertidumbre regulatoria.
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La medida se centra en la revocación del llamado endangerment finding de 2009, una determinación científica que concluía que los GEI, como el dióxido de carbono y el metano, representan una amenaza para la salud pública y el bienestar humano bajo la Ley de Aire Limpio.
Esa determinación fue clave para que la EPA estableciera estándares federales que obligaban a fabricantes de automóviles, plantas de energía, industrias extractivas y fabricantes a medir, reportar y limitar sus emisiones de GEI.
Con la eliminación de esta base, Estados Unidos deja sin efecto los requisitos federales para medir y reportar las emisiones de la mayoría de fuentes, incluyendo automóviles, camiones y posiblemente plantas industriales que hasta ahora tenían que cumplir con estándares específicos de eficiencia y control de emisiones.
La administración sostiene que estos requisitos eran una carga regulatoria que frenaba la producción y aumentaba los costos para fabricantes y consumidores, y que su eliminación, que según la EPA podría ahorrar hasta 1.3 billones de dólares, favorecerá la economía y la competitividad interna.
Bajo las normas anteriores, miles de instalaciones estaban obligadas a reportar anualmente sus emisiones de GEI a la EPA, lo que permitía construir una base de datos pública sobre las contribuciones de distintos sectores industriales al cambio climático.
La supresión de estos datos abre un vacío de información que según expertos en sostenibilidad podría erosionar la transparencia corporativa en materia ambiental y socavar evaluaciones de riesgo para inversionistas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones. Aunque si bien reportar emisiones ya no será una obligación legal, las empresas podrán seguir haciéndolo voluntariamente.
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La eliminación de estándares federales también reconfigura la competitividad de industrias clave. En el sector automotriz, por ejemplo, fabricantes que se resistían a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones podrían recibir un alivio temporal; sin embargo Estados Unidos podría perder liderazgo en tecnologías limpias, justo en un momento en que la transición global hacia vehículos eléctricos y soluciones de baja emisión se acelera.
Países como China han intensificado sus propios estándares y apoyo a tecnologías verdes, impulsando la adopción de vehículos eléctricos, energías renovables y soluciones de eficiencia energética. La expansión de productores extranjeros con regulaciones estrictas, combinada con políticas activas de innovación y subsidios, coloca a empresas chinas y de otros mercados europeos en una posición favorable para atender la creciente demanda de consumidores e inversionistas.
La decisión ha generado condenas desde variados sectores. Exfuncionarios de la EPA y organizaciones ambientalistas han advertido que la medida ignora la ciencia climática consolidada y compromete la salud pública, al eliminar herramientas que permitían cuantificar y reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global, señala The Guardian.
Asimismo, estados como California y grupos ambientalistas han anunciado intenciones de impugnar la acción ante tribunales, argumentando que desmontar la base legal de regulación vulnera precedentes judiciales.
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Para las empresas que operan a nivel internacional, el cambio en la política estadounidense introduce desafíos adicionales. Inversionistas globales han integrado métricas de emisiones a sus análisis de riesgo y la ausencia de datos consistentes provenientes de uno de los mayores emisores históricos de GEI podría complicar evaluaciones de sostenibilidad y riesgos asociados a políticas climáticas futuras.
A nivel de cadenas de suministro, industrias que dependen de socios internacionales sujetos a regulaciones más estrictas podrían enfrentar brechas de cumplimiento. Por ejemplo, proveedores que exportan a mercados con normas de emisiones más exigentes deberán seguir cumpliendo con esos estándares.
