Hace unos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Economía Circular, un nuevo punto de partida para la política ambiental en México. La normativa tendrá implicaciones directas en la operación de las empresas y en su relación con las más de 120,000 toneladas de residuos que se generan diariamente en el país.
La nueva regulación es considerada un paso firme para reducir el uso de materiales vírgenes en los distintos sectores productivos, pues de acuerdo con estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el mundo ya consume más recursos naturales de los que el planeta puede regenerar. De mantenerse las tendencias actuales, hacia 2050 se requerirán hasta tres planetas para sostener el nivel de consumo global.
En este contexto, la nueva Ley General de Economía Circular se diferencia de normativas previas centradas únicamente en la gestión del residuo, ya que incorpora una visión completa sobre el ciclo de vida de los productos: desde la producción y transformación, los materiales utilizados y su entrega al usuario final, hasta los mecanismos para mantenerlos dentro del circuito económico. Expertos en sostenibilidad corporativa coinciden en que esta legislación no excluye ni sustituye a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ni a las leyes locales, sino que se suma a ellas para ampliar su alcance.