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Las emisiones de metano y movilidad eléctrica ponen a prueba la implementación de la NDC 3.0

Los especialistas plantean que México debe articular políticas federales, estatales y municipales para acelerar la reducción de emisiones y la movilidad eléctrica.
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En México por el Clima se discutió que reducir emisiones de metano puede generar resultados de corto plazo, mientras que la movilidad eléctrica requiere cambios regulatorios, infraestructura y financiamiento. (Rafael Mejía)

La NDC 3.0, la reducción de emisiones de metano se plantea como una ventana de oportunidad estratégica debido a su elevado potencial de calentamiento (hasta 80 veces más que el CO2 en un periodo de 80 años) y su menor tiempo de permanencia en la atmósfera y permite frenar el calentamiento a corto plazo mientras se estructuran transformaciones de descarbonización en la movilidad de más largo plazo.

Durante un panel de la Semana de México por el Clima, Kitzia Oribe, jefa del Departamento de Instrumentos e Indicadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó que la nueva contribución establece metas absolutas y una trayectoria de emisiones de 2030 a 2050, además de incorporar derechos humanos, pérdidas y daños y medios de implementación.

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“La NDC 3.0 también incluyó tres nuevos componentes que no estaban contemplados anteriormente. Tradicionalmente hablábamos de mitigación y adaptación, pero ahora también se incorpora un componente transversal que aborda temas como los derechos humanos”, explicó Oribe.

La funcionaria dijo que en sectores como residuos, petróleo y gas, las medidas de mitigación ya están identificadas, pero persisten brechas para ejecutarlas. En residuos, México cuenta con más de 2,250 sitios de disposición final, de los cuales menos de 100 cumplen con la normativa y menos de 10% tiene capacidad para instalar biodigestores o sistemas de aprovechamiento de biogás, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.

En movilidad, Oribe dijo que la Semarnat trabaja en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) como instrumento rector para coordinar las acciones de electrificación. Sin embargo, la transición no se limita al cambio tecnológico: requiere infraestructura, regulación, energía y financiamiento, además de una perspectiva de transición justa, por lo que el reto, resaltó, es evitar que los beneficios de la movilidad eléctrica se concentren en las ciudades y sectores de mayores ingresos.

La implementación también requiere actualizar el marco institucional para que los compromisos climáticos trasciendan los periodos de gobierno. Durante el panel se destacó que el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) actualizado busca traducir la NDC 3.0 en acciones concretas de la Federación, con trazabilidad y seguimiento. Sin embargo, la funcionaria reconoció que el desafío será articular estos instrumentos con estados y municipios y convertir la voluntad política en leyes, regulación, presupuesto y proyectos que permanezcan en el tiempo.

La oportunidad en la reducción de metano

El metano representa una oportunidad de corto plazo para acelerar la reducción de emisiones y contener el calentamiento global mientras avanzan medidas de mayor plazo, como la electrificación del transporte y el desarrollo de energías renovables. En México, este gas representa alrededor de una cuarta parte de las emisiones nacionales, con la ganadería, los residuos y el sector de petróleo y gas entre sus principales fuentes.

Erika Ortiz, gerente de Descarbonización del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), indicó que la reducción del metano permite concentrar esfuerzos en sectores donde ya existen soluciones identificadas y con potencial de aplicación inmediata, aunque el reto está en llevar esas soluciones al territorio y generar las condiciones técnicas y financieras para implementarlas.

Ortiz señala que IDEA trabaja en proyectos con recicladores de base, capacitación para gobiernos estatales y municipales y herramientas para generar información sobre las emisiones mediante el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (OMEN). En particular, el sector de residuos enfrenta barreras de financiamiento y de capacidades institucionales, mientras que en ganadería persisten dificultades asociadas con los pequeños asentamientos en los que se encuentran.

“El metano es una oportunidad de corto plazo que tenemos para mitigar cambio climático y poder entonces buscar implementar otras acciones que llevan más tiempo por ejemplo la movilidad, desarrollo de infraestructura, o otras acciones como financiación de energías renovables”, resaltó.

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La aplicación en la movilidad

Paola Lara, directora Legal de Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA), destaca que el sector transporte adquiere un papel central en la NDC 3.0, tanto por su peso en las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero como por su relación directa con derechos como la movilidad, la salud y el acceso al trabajo y la educación.

Lara agregó que la oportunidad no se limita a impulsar la electromovilidad, sino a avanzar hacia una descarbonización integral del transporte público y de las flotas vehiculares, incorporando alternativas como la movilidad no motorizada y sistemas más sostenibles.

“No se trata simplemente de electrificar coches, se trata de descarbonizar el transporte y tenemos una ruta legislativa importante, porque necesitamos saber qué necesitamos energía, necesitamos cambiar la flota, necesitamos programas que nos digan y que nos actualicen metas”, añadió.

El principal reto, señala, es construir una arquitectura legal que permita convertir los compromisos climáticos en acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y sectores. Esto implica articular las leyes de cambio climático, movilidad, energía y desarrollo urbano, además de mantenerlas actualizadas frente a los cambios tecnológicos y las nuevas necesidades de las ciudades.

La directiva de POLEA dijo que la transición también requiere incorporar una perspectiva social y de género, particularmente en la movilidad asociada con las tareas de cuidado, así como fortalecer la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado en la construcción de políticas públicas.

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