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BioElements prevé multiplicar hasta 30 veces su negocio en algunas divisiones con la nueva ley de economía circular

Con la nueva ley de economía circular, empresas y personas necesitarán más empaques compostables, biodegradables y con contenido reciclado, lo que detonará la demanda de la empresa.
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Ignacio Parada da Fonseca, CEO y cofundador de BioElements. (Foto: Cortesía)

Casi una década antes de que México publicara su Ley General de Economía Circular, Chile ya obligaba a productores e importadores a hacerse responsables de los residuos generados por sus productos una vez terminada su vida útil. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP, entró en vigor en 2016 y se ha convertido, según InvestChile, la agencia estatal de promoción de inversiones, en un referente regional en economía circular, al ofrecer certeza regulatoria y un entorno favorable para la inversión en infraestructura y trazabilidad de residuos. Ese antecedente es la ventaja competitiva de una de las empresas que más está creciendo en el nuevo mercado regulado mexicano.

Ignacio Parada da Fonseca, CEO y cofundador de BioElements, compañía fundada en 2014 en Chile, desarrolla empaques compostables, biodegradables y con contenido reciclado, y que hoy tiene operación en México, Perú, Brasil y Colombia. Antes de que la Ley General de Economía Circular mexicana entrara en vigor el 20 de enero, Parada ya había vivido, en su propio país, el ciclo completo de una legislación de este tipo, desde su diseño más restrictivo hasta su maduración posterior.

El directivo cuenta que cuando la legislación de responsabilidad extendida del productor arrancó en Chile, unos años después que en España, el primer país iberoamericano en adoptarla, el diseño fue mucho más restrictivo de lo que resultó ser el mexicano, y es que el primer modelo chileno restringía los plásticos permitidos a los clasificados del uno al seis y prácticamente cerraba la puerta a la creación de nuevos materiales.

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Desde la perspectiva de Parada, esta rigidez terminó desincentivando la innovación, al reducir los incentivos de la industria para desarrollar alternativas más sostenibles y en ese sentido México parte con una ventaja.

La Ley General de Economía Circular mexicana, publicada el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación, optó por un diseño más flexible al reconocer simultáneamente materiales compostables, reciclados y de origen biológico sin restringir de entrada las tecnologías disponibles.

"Hoy México en su propia normativa establece, habla de plásticos compostables, habla de plásticos reciclados, da la opción de tener materiales biobasados también dentro. Es una ley que es bastante amplia y es pro innovación", dice Parada, quien atribuye ese diseño a que el país pudo observar de cerca los aciertos y errores de sus pares latinoamericanos antes de legislar.

El mecanismo central de la ley mexicana, explica Parada, sigue una lógica sencilla: el costo de poner un material en el mercado cambia según el tipo de plástico utilizado. Por ejemplo, una empresa que introduzca 1,000 toneladas mensuales de polietileno de baja densidad pagaría una tarifa de un dólar por tonelada si utiliza plástico convencional, pero solo 25 centavos si opta por un material compostable. La diferencia se convierte así en un incentivo económico para elegir materiales con menor impacto ambiental.


“No es solo tener presente cuánto cuesta el material que estoy ingresando, sino cuánto va a ser la tarifa que me van a cobrar”, dice el directivo.

A este incentivo se suma el aumento en el precio del plástico virgen. Según la experiencia comercial de BioElements, en el último año y medio pasó de alrededor de un dólar a dos dólares por unidad de referencia, impulsado por el impacto de la guerra en Ucrania sobre el mercado petrolero.

Para Parada, sin embargo, el precio del petróleo no es el único factor que está reduciendo la brecha entre los plásticos convencionales y los materiales circulares, también han influido las economías de escala. Hace una década, los materiales reciclados o compostables se vendían como productos premium porque se fabricaban en volúmenes pequeños. El aumento de la demanda ha permitido ampliar la producción y reducir esa diferencia de precio frente a los plásticos convencionales.

Otro elemento es la cantidad de insumos fósiles que contiene cada material compostable. La proporción puede ir de 10% a 80%, dependiendo de su formulación, por lo que su exposición al precio del petróleo también varía. Con más alternativas disponibles y una brecha de costos menor, el precio deja de ser una barrera para que las empresas cambien de material.

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Por todos estos cambios que se están detonando, el directivo prevé multiplicar por diez, hacia el próximo año, sus ventas de empaques compostables y con contenido reciclado para la industria de convertidores de papel y productos higiénicos, hasta alcanzar unas 1,000 toneladas mensuales en ese segmento. En alimentos y autoservicio, donde produce charolas y empaques para contacto con alimentos, espera un crecimiento todavía mayor: hasta 30 veces el volumen actual.

"Son industrias en las cuales hay una necesidad imperiosa de hacer un cambio, porque la ley es muy clara, si no haces un cambio vas a tener que terminar pagando más", comenta Parada.

La falta de infraestructura

La experiencia chilena, dijo Parada, también sirve para anticipar el cuello de botella que México enfrentará después de la fase regulatoria, la infraestructura. En Chile, la Ley REP avanzó con metas progresivas, pero incluso ahí persisten brechas de recolección diferenciada y valorización que la propia industria reconoce.

En México, el diagnóstico es más severo, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la agencia alemana de cooperación GIZ, calcula que el país genera 139,902 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales solo 5% recibe algún tipo de tratamiento y 72% no pasa por ningún proceso de valorización. De más de 2,250 sitios de disposición final registrados, apenas 52 operan como rellenos sanitarios con criterios técnicos adecuados, y el país cuenta con solo 14 plantas de composta a nivel nacional.

El otro aprendizaje que Parada trae de la experiencia chilena es cultural y es que ninguna ley de economía circular funciona si no cambia antes el comportamiento del consumidor final.

"Podemos tener 25,000 leyes y no van a tener mucha precisión si no cambia la costumbre de tirar basura en la vía pública”, señala Parada.

Ese diagnóstico también explica un giro en el propio portafolio de BioElements, que nació ofreciendo únicamente productos compostables flexibles y hoy suma una línea con contenido reciclado postconsumo y materiales de origen biológico, tras obtener este año la certificación internacional Global Recycle Standard.

"La estrategia de negocio ha ido cambiando, con el objetivo de convertir a la empresa en un abanico de opciones de cumplimiento regulatorio, sustentabilidad y buen precio", comenta Parada.

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