Casi una década antes de que México publicara su Ley General de Economía Circular, Chile ya obligaba a productores e importadores a hacerse responsables de los residuos generados por sus productos una vez terminada su vida útil. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP, entró en vigor en 2016 y se ha convertido, según InvestChile, la agencia estatal de promoción de inversiones, en un referente regional en economía circular, al ofrecer certeza regulatoria y un entorno favorable para la inversión en infraestructura y trazabilidad de residuos. Ese antecedente es la ventaja competitiva de una de las empresas que más está creciendo en el nuevo mercado regulado mexicano.
Ignacio Parada da Fonseca, CEO y cofundador de BioElements, compañía fundada en 2014 en Chile, desarrolla empaques compostables, biodegradables y con contenido reciclado, y que hoy tiene operación en México, Perú, Brasil y Colombia. Antes de que la Ley General de Economía Circular mexicana entrara en vigor el 20 de enero, Parada ya había vivido, en su propio país, el ciclo completo de una legislación de este tipo, desde su diseño más restrictivo hasta su maduración posterior.
El directivo cuenta que cuando la legislación de responsabilidad extendida del productor arrancó en Chile, unos años después que en España, el primer país iberoamericano en adoptarla, el diseño fue mucho más restrictivo de lo que resultó ser el mexicano, y es que el primer modelo chileno restringía los plásticos permitidos a los clasificados del uno al seis y prácticamente cerraba la puerta a la creación de nuevos materiales.