Dos de cada cinco casos (38%) están relacionados con solicitudes de indemnización por daños causados por el cambio climático, señala el informe, que se basa en datos del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Otros procedimientos (16%) apuntan al supuesto "greenwashing". Según el informe, ocho de los nueve casos de este tipo que ya han sido cerrados resultaron en una condena o en la decisión de la empresa de retirar sus afirmaciones sobre acciones climáticas y ambientales.
Los autores citan el ejemplo de una acción emprendida por la ONG ClientEarth contra una campaña publicitaria de BP en el Reino Unido, acusada de exagerar la importancia de sus inversiones en energías renovables.
Otro motivo de las demandas son las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, consideradas insuficientes en relación con el acuerdo de París.
El informe menciona diez casos de este tipo, incluyendo el de Shell, que en 2021 fue obligada por un tribunal neerlandés a aumentar sus objetivos de descarbonización, sentando así un precedente judicial. El gigante petrolero ha apelado.
Entre otros reclamos están el impacto ambiental de ciertos permisos de explotación, los riesgos financieros que enfrenta la empresa con respecto a la transición energética, o en Estados Unidos, el incumplimiento de los derechos del consumidor.
"El creciente número de demandas contra las corporaciones de combustibles fósiles subraya su papel histórico y continuo a la ahora de impulsar y beneficiarse del cambio climático", explicó David Tong, responsable de campaña de Oil Change International.
"Ninguna gran compañía de petróleo y gas se ha comprometido a hacer lo mínimo necesario para prevenir el caos climático, por lo que las comunidades las están llevando a los tribunales", añadió.
Más allá de las grandes compañías de energías fósiles, la presión judicial también está aumentando sobre el sector aéreo o la industria agroalimentaria.
En junio, el Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics contabilizó unas 230 acciones legales contra empresas u organizaciones profesionales (más de dos tercios interpuestas desde 2020).
