Si bien replicar el modelo de Noruega no es una tarea sencilla, su experiencia demuestra que la combinación de incentivos económicos, infraestructura de carga accesible y políticas públicas claras puede acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. En el caso de México, ampliar los beneficios fiscales, invertir en redes de carga y fomentar el acceso a autos eléctricos podría ser clave para avanzar en esta transformación.
Una de las principales medidas implementadas es la NOM 163 de la SEMARNAT que regula las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, estableciendo límites de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Su segunda fase se implementará entre 2025 y 2027, y de acuerdo con el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) será fundamental para promover la electrificación vehicular en México. Sin embargo, su diseño actual presenta flexibilidades que debilitan su impacto y no establece objetivos más allá de 2027, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las metas climáticas del país.
Para que esta norma sea una herramienta efectiva, es necesario revisar sus alcances y fortalecer sus exigencias para lograr los objetivos del país como lograr que el 50% de los vehículos ligeros sean eléctricos para 2030.
Para maximizar el impacto de la NOM-163, el ICCT recomienda establecer metas de reducción de emisiones hasta 2035, eliminar flexibilidades que reducen la efectividad de la norma y fortalecer el mercado interno de vehículos eléctricos. Estas acciones permitirían a México cumplir con el Acuerdo de París, mejorar la calidad del aire y posicionarse como un líder en manufactura automotriz limpia. Un marco regulatorio más sólido impulsaría la innovación tecnológica y atraería inversiones en electromovilidad, consolidando la transición hacia un transporte más sostenible.
