La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México representa un momento crucial para enfrentar los grandes desafíos energéticos y ambientales que el país enfrenta. Uno de los más urgentes es la pobreza energética, una situación que afecta a millones de hogares y limita sus oportunidades de desarrollo. En paralelo, la lucha contra el cambio climático exige una transición acelerada hacia energías renovables y limpias.
Combatir la pobreza energética y el cambio climático, la prioridad para México
Con liderazgo, colaboración y un enfoque decidido en políticas inclusivas, la nueva administración puede marcar una diferencia histórica en el camino hacia un futuro más sustentable.
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Aunque la pobreza energética no se encuentra plenamente en la agenda pública, su impacto continúa incrementando. Según el IMCO, se estima que 36.7% de los hogares mexicanos viven en pobreza energética. No se trata únicamente de acceso a la electricidad, sino de la capacidad de cubrir necesidades básicas como confort térmico, refrigeración eficiente y el uso de estufas seguras. Para erradicarla, es esencial acelerar el acceso universal al servicio eléctrico, fortalecer la eficiencia energética en edificaciones y fomentar proyectos de autoconsumo en comunidades marginadas.
Es determinante impulsar un enfoque colaborativo con los tres niveles de gobierno para desarrollar proyectos de energías renovables a pequeña escala en zonas rurales y urbanas vulnerables. La electrificación mejora la calidad de vida y también impulsa el desarrollo social y económico, estableciendo un vínculo directo entre la infraestructura energética y el bienestar de las comunidades.
El plan de gobierno de la presidenta Sheinbaum incluye un compromiso claro con la transición energética, un objetivo que la AMDEE comparte y respalda. Para lograrlo, es necesario modernizar la infraestructura eléctrica del país, expandir las redes de transmisión y adoptar tecnologías avanzadas como las redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía. Estas acciones permitirán una integración más eficiente de las energías renovables y un suministro eléctrico más confiable y resiliente ante la creciente demanda.
La piedra angular para lograr todo esto es promover la inversión en infraestructura energética mediante alianzas público-privadas y mecanismos de asignación competitiva de contratos para proyectos renovables. Un precio justo en las tarifas eléctricas, especialmente para los sectores más vulnerables, es una meta inaplazable que contribuirá a un entorno económico equitativo y justo.
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En tanto, la promoción de marcos regulatorios claros y la implementación de incentivos efectivos son pasos esenciales para atraer inversión y acelerar la adopción de tecnologías renovables en México. La simplificación de los procesos de autorización y la eliminación de barreras burocráticas facilitarán la ejecución de proyectos eólicos y otros desarrollos en energía, alineando al país con las mejores prácticas internacionales.
La pobreza energética y el cambio climático son desafíos complejos, pero también oportunidades para transformar la matriz energética de México y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Con liderazgo, colaboración y un enfoque decidido en políticas inclusivas, la nueva administración puede marcar una diferencia histórica en el camino hacia un futuro más sustentable.
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Nota del editor: Daniela Medina es Gerente de Asuntos Públicos, Desarrollo Sostenible y Comunicación de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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