En México, la política energética se está contando en dos versiones. El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex incluye la exploración de lutitas y la reactivación de campos maduros, lo que en la práctica significa retomar técnicas no convencionales como el fracking. Al mismo tiempo, su director, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que “no haremos fracking como antes” y que la empresa se centrará en yacimientos convencionales.
Fracking, la contradicción que mina la confianza
Un país sin preparación hídrica ni institucional no puede permitirse este riesgo.
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No es un matiz menor: es una contradicción que genera desconfianza en un sector donde la certeza es clave. Y, en este caso, no solo es un problema de comunicación: es una política equivocada para un país que no está preparado técnicamente, ambientalmente ni institucionalmente para manejar los riesgos de esta técnica.
El “nuevo” fracking no borra los viejos riesgos
Rodríguez Padilla defiende que la técnica ha cambiado: más precisión, monitoreo en tiempo real, pozos laterales más largos y cierto reciclaje de agua. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo la misma: consume enormes volúmenes de agua, implica riesgos de contaminación y libera metano, un gas con un potencial de calentamiento global más de 80 veces mayor que el CO₂ en 20 años, y responsable de una cuarta parte del calentamiento actual del planeta.
El expediente de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organismo trinacional creado por México, Estados Unidos y Canadá bajo el TLCAN para atender asuntos ambientales— sobre los pozos Tangram-1 y Nerita-1 en Nuevo León es un recordatorio de por qué el fracking despierta tanta resistencia social: más de 13 000 m³ de agua por pozo, químicos tóxicos aún secretos y sismos locales vinculados a las operaciones.
Ya estamos pagando el precio
El argumento oficial es que el fracking ayudaría a reducir la dependencia del gas importado. Pero México ya está profundamente vinculado a esta técnica: una parte significativa del gas que importamos de Estados Unidos proviene del Permian Basin, donde el fracking es la norma. Es decir, aunque no lo practiquemos aquí, ya contribuimos a sus impactos ambientales y climáticos.
Un marco regulatorio con grietas
El problema no es solo técnico, sino institucional. En México, no hay obligación de revelar la composición de los fluidos de fractura ni de monitorear residuos peligrosos. Los registros de aguas producidas de estos proyectos incluso “desaparecieron” por un supuesto virus informático.
Esto ocurre en un contexto de estrés hídrico severo, instituciones debilitadas y comunidades cada vez más conscientes de sus derechos. A esto se suma la creciente presión internacional: Estados Unidos exige que México pague el adeudo de agua en el Río Bravo conforme al Tratado de 1944, lo que incrementa la competencia por este recurso vital y hace aún más inviable destinarlo a actividades de alto consumo como el fracking.
En el norte, el agua vale más que el gas
El fracking requiere millones de litros de agua por pozo. En estados del norte, donde las sequías son cada vez más severas, esto significa poner en riesgo la viabilidad agrícola, el abasto urbano y la resiliencia de ecosistemas enteros. No es una exageración: las comunidades afectadas en Nuevo León reportaron secado de manantiales y salinidad en el agua después de operaciones exploratorias.
Invertir en fracking en esta región no solo es ambientalmente irresponsable, sino estratégicamente torpe: cada litro de agua que se pierda tendrá un costo económico y social creciente.
A esto se suma que la inversión necesaria para desarrollar fracking en México sería mucho mayor que alternativas limpias. Perforar un solo pozo de lutitas puede costar entre 10 y 20 millones de dólares, y se requerirían miles para sostener la producción, con un gasto total que podría superar cientos de miles de millones. En contraste, tecnologías como la solar, la eólica y la geotermia ya ofrecen costos por megawatt-hora más bajos que las plantas de ciclo combinado a gas y no exigen volúmenes colosales de agua. Destinar esos recursos a fracking en zonas áridas del norte, en lugar de a renovables y redes de transmisión, no solo agrava la crisis hídrica, sino que también implica perder competitividad energética frente a opciones más seguras y sostenibles.
La falsa dicotomía
Se presenta el fracking como alternativa para reducir importaciones y asegurar el suministro energético. Pero no es la única opción. Apostar por eficiencia energética, energías renovables y almacenamiento puede ser más seguro, más barato y más consistente con nuestros compromisos climáticos. ¿En dónde quedará la credibilidad del gobierno de Claudia Scheinbaum que dice tener un compromiso con la transición energética justa y que prepara una propuesta más ambiciosa para el cambio climático a presentar en la COP 30 en Brasil el próximo noviembre?
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Conclusión
México necesita energía, pero no a costa de su agua, su estabilidad social y su credibilidad internacional. El fracking no es un salvavidas: es una carga. Y ya estamos pagando sus costos vía el gas que importamos del Permian Basin. En tiempos de crisis hídrica y climática, lo peor no es usar fracking. Es usarlo —o promoverlo— sin decirlo, sin medirlo y sin asumir su verdadero precio.
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Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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