El 19 de enero de 2026 México dio un paso histórico al publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular (LGEC), junto con reformas sustanciales a la legislación ambiental y de residuos. Con ello el país asume un compromiso jurídico, no solo programático, con la transformación de su modelo productivo y de consumo.
Economía circular, el nuevo estándar que redefine a las empresas en México
La circularidad ya no es aspiracional: es la nueva norma. La pregunta ahora es si podremos, como país y como sector privado, diseñar el futuro sostenible que tanto hemos promovido.
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Hasta hoy, la economía circular en México había sido un discurso alentador, presente en agendas corporativas y en estrategias de sostenibilidad corporativa. Sin embargo, con la entrada en vigor de la LGEC, ese enfoque deja de ser opcional para convertirse en obligación legal: el diseño circular, es decir, productos concebidos para reparabilidad, vida útil prolongada y menor impacto ambiental, ahora es un mandato para la industria cuando sea ambiental, técnica y económicamente viable.
Este cambio es profundo porque redefine la responsabilidad empresarial más allá de la gestión del residuo al final de la vida útil del producto. Las compañías deberán anticiparse a impactos ambientales desde la etapa de diseño, integrando criterios que hasta hoy se consideraban “mejores prácticas”. Ese giro implica inversiones en innovación, cadena de suministro y análisis del ciclo de vida, pero también ofrece una oportunidad de competitividad para quienes lideren esta transición.
El corazón de la nueva ley es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a fabricantes e importadores a diseñar e implementar mecanismos de circularidad y a registrar sus Planes de Gestión Circular ante un nuevo sistema nacional. Aunque las obligaciones específicas se activarán gradualmente conforme la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publique los acuerdos sectoriales correspondientes, el mensaje regulatorio es claro: nadie quedará exento.
Desde una perspectiva ESG, esta legislación es un llamado de atención para los consejos de administración y comités de sostenibilidad: la regulación ambiental y de diseño ya no es un “riesgo futuro”, sino una realidad inmediata. Las implicaciones para la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos, la reputación y el valor a largo plazo son ineludibles. Las empresas que anticipen sus estrategias, evaluando hoy sus portafolios de productos, capacidades de trazabilidad y métricas de circularidad, obtendrán una ventaja competitiva frente a quienes esperen a que la regulación secundaria defina sus obligaciones.
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No obstante, es fundamental que la implementación de la LGEC no se quede en checklists regulatorios. El verdadero impacto, ambiental y social, dependerá de la calidad de los instrumentos de medición, de la transparencia de los reportes y de la incorporación de criterios éticos que vayan más allá del cumplimiento. Integrar formalmente a los recicladores y aprovechar mercados de subproductos son ejemplos de prácticas que pueden amplificar los beneficios de una economía circular real.
La entrada en vigor de esta ley ofrece una oportunidad singular para que México se convierta en referente regional de sostenibilidad integral. Para lograrlo, se requerirá no solo regulación, sino colaboración estratégica entre gobierno, empresas, inversionistas y sociedad civil.
La circularidad ya no es aspiracional: es la nueva norma. La pregunta ahora es si podremos, como país y como sector privado, diseñar el futuro sostenible que tanto hemos promovido, o si quedará como una promesa más en el papel.
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Nota del editor: Mauricio Llamas es socio regulatorio en Hogan Lovells. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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