La segunda me costó más trabajo aceptarla. Estas comunidades no desconfían de la tecnología. Lo que no toleran es la asimetría, y tienen razones históricas. Cuando un proyecto llega a entregarles algo, todos saben que esa relación tiene fecha de caducidad. Cuando llega a construir algo que ellos van a operar, la conversación cambia.
Traigo esto a colación porque México está por emprender la mayor expansión solar de su historia y porque este año se cayeron cuatro proyectos eléctricos por falta de consentimiento de las comunidades en las que se iban a instalar. El más reciente fue un parque fotovoltaico en Tecozautla, Hidalgo, que obtuvo su autorización ambiental a principios de junio y, para finales de julio, ya había sido abandonado por la empresa. Menos de dos meses. Habría que preguntarse qué clase de permiso es ese, que autoriza pero no permite construir.
Un funcionario estatal explicó el rechazo con la palabra que siempre se usa, desinformación. La comunidad contestó que esa no fue la causa, sino otra. Retirar la vegetación de cientos de hectáreas reduciría la recarga del acuífero del que dependen el maíz y el turismo termal. No era ignorancia, era hidrología. Una vez más, el agua y la energía atadas al mismo problema; y, una vez más, nadie había preguntado a tiempo.
Quiero ser clara aquí, aunque suene duro. No debemos construir la transición energética con la misma lógica con la que se construyó la industria petrolera: instalar en territorios pobres una infraestructura que extrae un recurso para consumirlo en otra parte y ofrecer, a cambio, empleo temporal y una renta modesta. Porque entonces, lo único que cambiaría sería que el recurso sería el sol y el relato sería verde. Una familia que riega con gasolina porque nunca le ha llegado otra cosa ve llegar un parque que ocupará cientos de hectáreas de su entorno y enviará toda esa electricidad fuera de la región. No está rechazando la energía limpia, está rechazando que le vuelva a tocar el papel de proveedor.
Esa negativa nos sale cara a todos. Cada proyecto cancelado es megavatios limpios que no se construyen, mientras la demanda sigue creciendo y la terminan cubriendo plantas que queman combustible. Por querer ir rápido, estamos avanzando más despacio.
Existe otra manera, y no es teórica. En Canadá, las comunidades indígenas no son vecinas de los proyectos de energía limpia, son dueñas de más de un tercio de ellos. No ocurrió por generosidad empresarial, sino porque el Estado creó el instrumento que lo vuelve viable, unas garantías públicas que le permiten a una comunidad sin capital comprar su participación y pagarla con el flujo del propio proyecto. El modelo de energía solar ejidal que más se cita en México contemplaba un 2% de participación en el papel y antes de cualquier negociación. No son variantes de un mismo esquema sino dos esquemas distintos, y en América Latina adoptamos el que genera conflicto.
