México llega a la COP31 con una meta que sus propias reglas ponen en duda

El problema real es que controlar el sistema y construirlo son cosas distintas. La ley exige que el Estado conserve la mayor parte de la energía inyectada a la red y, en los esquemas mixtos, la CFE es dueña de la mayoría de cada proyecto, y la mayor parte de la energía se contrata con ella o con sus suministradores. Pero según el IMCO, el presupuesto de inversión de esa misma CFE se redujo en términos reales este año. Su directora defendió ante los diputados el avance de la transmisión, y la oposición respondió señalando redes saturadas en muchos estados del país. El control está asegurado en el papel. Falta demostrar que se puede construir al ritmo que exige la meta.

A esto se suma que la inversión se decide hoy fuera de México. En julio, Washington no respaldó la extensión de la vigencia del T-MEC; el informe de barreras comerciales del USTR cuestiona que el Estado conserve por ley el 54% de la generación, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos objeta la reforma judicial. Además, el sistema depende del gas, y cerca de tres cuartas partes de ese gas proviene del vecino del norte. El propio Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la CFE prevé un aumento del 72% en la generación de ciclos combinados y solo del 9% en la de energías renovables. La falla de los ductos de Ramones en octubre evidenció esa dependencia, pues el sistema se sostuvo gracias a combustibles alternos y reservas.

Lee:

CFE apuesta por el gas natural y la modernización de sus centrales para reducir emisiones 15% El plan de sostenibilidad de la eléctrica contempla elevar 72% la generación con ciclos combinados y aumentar 9% la producción de energía limpia, además de modernizar centrales que operan con combustibles fósiles.

Brasil y la India llevan ventaja. El primero genera casi nueve de cada 10 kilovatios hora con fuentes limpias, tiene un mercado abierto a la generación privada y atrae una buena parte de la inversión regional hacia los centros de datos. La segunda sumó, en un solo año fiscal, más capacidad no fósil que la que el PLADESE prevé agregar en todo México de 2025 a 2030, de cualquier tecnología, y anunció, junto con Estados Unidos, un acuerdo que le baja el arancel. El sistema indio es mucho mayor, pero los inversionistas buscan certidumbre, y México tiene reglas que, por razones de política interna, son difíciles de cambiar. El índice Climatescope de BloombergNEF, que mide qué tan atractivo es un mercado para invertir en energía limpia, ubica a México en el puesto 68 entre los mercados emergentes.

Para los inversionistas, la ventaja de México siempre ha sido su cercanía a Estados Unidos. Esa ventaja vale menos si el país no puede garantizar energía firme, una red y un marco regulatorio que brinden seguridad. Un centro de datos que no consigue interconexión en México la busca en otro país.

México podría presentar en Antalya un calendario con fechas de obra y de operación para cada proyecto, la línea que sirve a cada planta y cuántos de los contratos mixtos adjudicados ya se han firmado, porque hasta ahora no hay confirmación pública. Así, el capital privado tendría mayor certidumbre para decidir si invertir aquí o en otro país.

Cambiar las reglas energéticas tendría un alto costo político para un gobierno que ha hecho de la soberanía energética su bandera, y con el control casi total que tiene sobre el Congreso y los estados, nada lo obliga a pagarlo. Mi conclusión es que seguirán como están y que, entonces, la cifra que México repite en cada foro se cumplirá tarde o simplemente no se cumplirá.

Nota editorial: Isabel Studer es presidenta y directora ejecutiva de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.