Al mismo tiempo, el riesgo empieza a extenderse con mayor fuerza hacia otros sectores vinculados con la transición energética. Minería, servicios públicos, energía alternativa, petróleo y gas han ganado peso dentro de la distribución de empresas relacionadas con este tipo de incidentes, reflejando cómo el escrutinio empieza a acompañar también a las actividades que están recibiendo una proporción creciente de capital para hacer posible la descarbonización.
Para las instituciones financieras, esta combinación es especialmente relevante porque su exposición no depende únicamente de lo que ocurre dentro de sus propias operaciones. También está relacionada con las empresas, proyectos y activos que deciden financiar, en los que invierten o que respaldan. En otras palabras, el riesgo puede viajar junto con el capital.
El riesgo también viaja a través del capital
Una institución financiera puede tener una huella operativa relativamente limitada y, aún así, estar vinculada con actividades que generan impactos ambientales significativos. Esa distancia entre quien asigna los recursos y quien desarrolla el proyecto hace que evaluar qué puede considerarse realmente sostenible sea cada vez más complejo.
Un banco puede financiar un proyecto renovable que contribuya a reducir emisiones y que, al mismo tiempo, genere impactos relevantes sobre biodiversidad o uso de suelo. Un fondo puede aumentar su exposición a minerales necesarios para la electrificación mientras algunos de esos activos enfrentan riesgos relacionados con agua, contaminación o comunidades locales. De forma similar, un gestor de activos puede presentar una estrategia climática ambiciosa y posteriormente enfrentar preguntas sobre qué tan bien los activos que integran su portafolio responden a los criterios utilizados para clasificarlos como sostenibles.
Esta tensión ayuda a explicar por qué el greenwashing en el sector financiero difícilmente puede reducirse a un problema de comunicación. Una afirmación puede estar cuidadosamente redactada y ser cuestionada de todas formas si la realidad detrás del activo es más compleja que la manera en que fue presentada.
Además, la propia transición energética está ampliando la naturaleza de los impactos que necesitan considerarse. Durante años, buena parte del análisis ambiental estuvo concentrado en carbono y emisiones, algo lógico frente a la urgencia climática. Sin embargo, RepRisk identifica un cambio importante: en 2026, por primera vez en cinco años, los impactos sobre ecosistemas y biodiversidad superaron a cambio climático y emisiones como el asunto ambiental más frecuentemente relacionado con incidentes de greenwashing.
Esto tiene implicaciones directas para quienes asignan capital. Saber que una inversión contribuye a la reducción de emisiones sigue siendo fundamental, pero ya no necesariamente ofrece una fotografía completa de su desempeño ambiental. Una actividad puede ser positiva desde la perspectiva climática y, al mismo tiempo, generar presiones sobre tierra, agua, ecosistemas o comunidades.
Por eso, la pregunta empieza a ir más allá de si una inversión puede clasificarse como “verde”. También será necesario entender qué significa exactamente esa clasificación, qué criterios la sostienen y qué otros impactos existen detrás de ella.
