Los datos permiten dimensionarlo. Entre 1990 y 2020, la población de la Zona Metropolitana de Monterrey prácticamente se duplicó, mientras que la superficie urbanizada pasó de 124 a 287 kilómetros cuadrados. En ese mismo proceso, el parque vehicular privado creció de alrededor de 474,000 unidades en 1990 a 2.57 millones en 2025. La ciudad creció, pero también aumentaron las distancias entre vivienda, empleo, servicios y oportunidades.
Las consecuencias trascienden la congestión. Los largos tiempos de traslado reducen las horas disponibles para descansar, convivir con la familia o participar en la comunidad y contribuyen al estrés crónico y a la fatiga psicológica. Al mismo tiempo, la expansión urbana y la dependencia del automóvil tienen efectos sobre la contaminación, las emisiones y la exposición a riesgos ambientales. La forma en la que planeamos una ciudad termina siendo una decisión sobre salud, equidad, resiliencia, y bienestar.
Uno de los retos es que la vida metropolitana rara vez coincide con los límites administrativos. Una persona puede vivir en un municipio, trabajar en otro, estudiar en un tercero y atravesar varios más durante un mismo día. Lo mismo ocurre con el aire, el agua, las vialidades o el crecimiento urbano. Sus efectos (y cómo se distribuyen) cruzan fronteras municipales aunque muchas decisiones continúen tomándose de manera separada.
Por eso, uno de los hallazgos centrales del estudio es que fortalecer la gobernanza metropolitana constituye una condición para generar cambios coordinados, profundos y duraderos. No se trata de sustituir a los gobiernos municipales, sino de contar con mecanismos capaces de conectar políticas, información, capacidades técnicas e inversiones que hoy inciden sobre un mismo territorio y que tendrían que pensarse con base en una visión compartida sobre el futuro al que la ZMM aspira.
Esta conclusión adquiere especial relevancia en un momento en que Nuevo León discute una iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana. La propuesta presentada ante el Congreso plantea precisamente la creación de una estructura permanente de coordinación entre el Estado y los municipios, acompañada de capacidad técnica, participación ciudadana y mecanismos para dar seguimiento a las decisiones metropolitanas. La iniciativa fue turnada con carácter urgente a las comisiones de Infraestructura y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Metropolitano.
Desde la perspectiva de nuestro estudio, la discusión es importante porque identifica cinco áreas estratégicas para transformar de fondo la movilidad y el uso de suelo en Monterrey: repensar el espacio urbano y la inversión pública; acelerar la infraestructura para modos sustentables; impulsar un desarrollo habitacional más compacto, diverso y cercano; construir una nueva visión de ciudad basada en bienestar, sostenibilidad y resiliencia; y generar evidencia que conecte movilidad, territorio, salud y medio ambiente con las decisiones de política pública.
