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México necesita 1.7 billones de pesos al año para financiar su transición sostenible

La transición sostenible cambia la forma en que bancos, fondos de pensiones y gobiernos asignan capital, desde medir las emisiones financiadas hasta condicionar inversiones con base en estrategia ESG.
Financiamiento verde
Davi Razú, director general de Afore XXI-Banorte; Mariuz Calvet, chief sustainability officer de Santander México, y Jesús Ruiz, director general de Administración Financiera de la CDMX, durante el panel sobre financiamiento de la transición sostenible de México. (Rosalía Lara.)

La discusión sobre las finanzas sostenibles en México está dejando atrás la etapa en la que la principal pregunta era cuántos bonos verdes o créditos etiquetados podía colocar el sistema financiero. El siguiente desafío es cambiar la manera en que bancos, Afores y gobiernos deciden dónde poner el capital y cómo acompañar a las empresas que necesitan transformarse, señalaron expertas en el panel “El compromiso: cómo financiar la transición de México hoy” durante el evento México Por el Clima 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula una brecha de financiamiento de 13.6 billones de pesos entre 2023 y 2030 para alcanzar las metas de desarrollo sostenible, lo que implica movilizar alrededor de 1.7 billones de pesos cada año.

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Para Mariuz Calvet, chief sustainability officer de Santander México, el reto de la banca ya no consiste únicamente en ofrecer productos verdes, sino en revisar el conjunto de su cartera. “Los bancos somos el motor del desarrollo y podemos tomar las decisiones de dónde se asigna y dónde no se asigna el capital”, señaló.

Esa responsabilidad implica medir las llamadas emisiones financiadas, que es el impacto climático asociado con los proyectos y empresas que reciben crédito. Sectores como minería, cemento, aerolíneas, energía y petróleo y gas seguirán formando parte de la economía, por lo que, dijo Calvet, la respuesta no puede ser simplemente dejar de financiarlos.

“Se tiene que ir marcando la línea de aquí ya no puedo seguir prestando, pero sí es muy importante que se entienda que sí queremos estar para estos sectores para financiar su transición”, explicó.


En las Afores, el proceso también está modificando la evaluación de las inversiones. Davi Razú, director general de Afore XXI-Banorte, explicó que la institución utiliza desde hace varios años un procedimiento de cuatro pasos que comienza por identificar los asuntos de sostenibilidad materiales para cada inversión, revisar indicadores, asignar una puntuación diferenciada por sector y establecer una calificación.

El problema, dijo, sigue siendo la disponibilidad de información. “La información en México todavía no está lo suficientemente estandarizada”. Ante esa limitación, la Afore utiliza su posición como inversionista para pedir mayores datos a las empresas.

Pero la estrategia no consiste necesariamente en excluir a las compañías que todavía no cumplen todos los criterios. Razú explicó que la Afore ha optado por una política de acompañamiento, mediante cartas de condicionamiento que establecen metas que las empresas deben cumplir durante el periodo de inversión.

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“Sí invierto en tu proyecto, te sujeto a que te comprometas a que en tanto tiempo vas a resolver determinados pendientes”, comentó Razú.

El tamaño de los inversionistas institucionales convierte esa práctica en una fuerza de mercado. Razú señaló que los recursos administrados por las Afores rondan los 9 billones de pesos y que esa escala permite exigir mejores estándares de información a los emisores.

La regulación también está empujando ese cambio. México publicó en 2023 su Taxonomía Sostenible, una herramienta para clasificar actividades económicas con contribuciones ambientales y sociales, y ese mismo año Hacienda presentó su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible. En enero de 2026, la SHCP actualizó además el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible para incorporar por primera vez los criterios de la Taxonomía Sostenible de México.

La Ciudad de México ofreció durante el panel un ejemplo de cómo esa infraestructura financiera puede convertirse en obra. En 2025, después de seis años sin acudir al mercado, emitió un bono verde por 3,000 millones de pesos, la mayor emisión etiquetada de su historia, con una demanda superior al doble del monto colocado. Los recursos financian las líneas 5 y 6 del Cablebús.

Para Jesús Ruiz, director general de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el siguiente paso es combinar recursos públicos y privados. La ciudad trabaja en un esquema de coinversión para la modernización de la Línea 3 del Metro, mientras mantiene un fideicomiso destinado a infraestructura de agua, movilidad y seguridad.

La transición, por tanto, no se limita a conseguir dinero para proyectos verdes. El reto es que el capital convencional también empiece a incorporar el costo climático, la resiliencia y la calidad de la información como parte de sus decisiones. “Necesitamos encontrar modelos balanceados de administración para el futuro”, comentó Razú.

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