A pesar de que la legislación para combatir la violencia de género tiene un alcance cada vez más amplio en el mundo, esta continúa como una de las principales violaciones a los derechos humanos, destaca ONU Mujeres.
Hasta 2024, un 84% de los países del mundo contaban con legislación específica sobre la violencia contra las mujeres y las niñas o la violencia doméstica, indica el informe Panorama de Género de los avances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Durante el mismo periodo, dos tercios de los países informaron haber establecido un plan de acción nacional específico para la violencia contra las mujeres y las niñas, y el 78% destinó compromisos presupuestarios para los servicios que abordan esta problemática.
Desde la adopción de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993 y la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, se ha logrado que la violencia de género tenga legislación específica cada vez en más países.
Solo en los últimos cinco años se implementaron 99 reformas legales positivas a nivel mundial que contribuyeron a eliminar leyes discriminatorias y a establecer marcos legislativos para la igualdad de género.
El informe subraya que, a pesar de los avances en el papel, la violencia de género, especialmente la doméstica, aún es un problema grave para la mayoría de los países en el mundo.
"Ningún país está al alcance de erradicar la violencia de pareja”, señala el documento.
El mismo informe indica que más del 12% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja en el último año.
En algunos países como Afganistán, la República Democrática del Congo y Papúa Nueva Guinea, esta cifra supera el 30%.
El informe también detalla que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual en algún momento de la vida.
Además, subraya que la mutilación femenina es todavía un problema grave. Actualmente 230 millones de mujeres y niñas fueron víctimas de esta práctica. Un 63% de ellas se encuentran en África, mientras que otro 35% habita en Medio Oriente. Hay 4 millones de niñas sometidas a este procedimiento, de las cuales, 2 millones son menores de cinco años.
Los expertos advierten que la existencia de leyes no es suficiente. Hay que poner en práctica planes, cumplir la legislación, coordinar entre instituciones y formar al personal público para lograr un cambio real.
El informe destaca también la necesidad de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos comunitarios que trabajan con las víctimas.
“Se requiere el desarrollo adecuado de la capacidad y la sensibilización de los funcionarios públicos, especialmente el personal encargado de hacer cumplir la ley, el poder judicial, los proveedores de atención médica, los trabajadores sociales y los maestros”, señala el documento de ONU Mujeres.
La oficina de Naciones Unidas también indica que la inclusión económica es clave para reducir la violencia doméstica contra las mujeres. “Las mujeres que sufren violencia de pareja ganan, en promedio, entre un 26 y un 60% menos que las que no lo hacen”.
Por cada incremento del 10% en la inclusión financiera, las tasas de violencia descienden alrededor de un 2%, de acuerdo con la misma fuente.
Sin embargo, muchas mujeres víctimas de violencia ven gravemente afectada su capacidad de generar ingresos: pueden ganar hasta un 60% menos que aquellas que no han sido violentadas.
“Es posible alcanzar la igualdad de género, pero exige paquetes de políticas interseccionales, integradas, integrales y sensibles al género que fortalezcan los marcos legales; desmantelen las barreras económicas y estructurales profundamente arraigadas, incluidas las normas sociales discriminatorias; y que avancen las inversiones en todas las áreas”, concluye el informe.
