¿Qué es el PECC 2026-2030 y cómo impactará a las empresas?

Durante el anuncio de su aprobación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que el programa permitirá acelerar la acción climática mediante una estrategia transversal entre dependencias federales, con énfasis en la reducción de emisiones, la protección de los ecosistemas, la adaptación de comunidades vulnerables y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar los efectos del calentamiento global.

La Semarnat también señaló que el PECC busca alinear la política pública con los compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París y con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), presentada por el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Si bien buena parte de las medidas recaen en el gobierno, las empresas serán las encargadas de ejecutar parte de las inversiones necesarias para descarbonizar procesos industriales, modernizar infraestructura, mejorar la eficiencia energética e incorporar nuevas tecnologías.

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"Este plan especial ya urgía. Más allá de lo que son las recomendaciones, ayuda a que México cumpla con estas exigencias que tenemos a nivel internacional”, dice Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México.

Desde la perspectiva de Sistema B, uno de los principales aciertos del PECC es que reconoce la necesidad de fortalecer los instrumentos que ya existen para monitorear y reducir las emisiones de los grandes emisores. Entre ellos se encuentran el Registro Nacional de Emisiones (RENE), el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), que continúa evolucionando hacia un esquema permanente, y las obligaciones de divulgación de información relacionada con sostenibilidad y riesgos climáticos que gradualmente se incorporan al mercado financiero mexicano.

"Reconocemos el valor que tiene el Programa Especial de Cambio Climático para ponerle foco a las grandes empresas emisoras y cómo debemos hacerlo con instrumentos como el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de Comercio de Emisiones y las normas de información sobre sostenibilidad", afirma Herrero.

¿Qué implicaciones tiene para las empresas?

En los últimos años, las empresas mexicanas han comenzado a enfrentar solicitudes más frecuentes para medir sus emisiones directas e indirectas, evaluar riesgos físicos asociados al cambio climático, incorporar criterios de adaptación en sus operaciones y reportar esta información a inversionistas, instituciones financieras y clientes.

Aunque muchas de estas exigencias provienen del mercado y no necesariamente de una regulación nacional, el PECC puede acelerar ese proceso al establecer prioridades para las dependencias federales encargadas de diseñar normas, programas e instrumentos económicos relacionados con la transición climática.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 66.2% de las emisiones del país provienen del sector energético, le siguen la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo, con 14.8% y los procesos industriales y uso de productos con 9.6%. Reducir esas emisiones requerirá inversiones en eficiencia energética, electrificación de procesos, innovación tecnológica y una mayor adopción de herramientas para medir y gestionar la huella de carbono, además de la implementación de los instrumentos de política pública previstos en el PECC.

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Sin embargo, uno de los aspectos que requiere mayor atención es el papel que jugarán las pequeñas y medianas empresas, comenta Herrero, y es que estas empresas representan 99.8% de las unidades económicas del país y generan alrededor de siete de cada diez empleos.

Aunque el programa concentra buena parte de sus esfuerzos en los grandes emisores, las pymes representan prácticamente la totalidad del tejido empresarial mexicano y forman parte de las cadenas de suministro de compañías nacionales y multinacionales que ya enfrentan obligaciones ambientales más estrictas.

"Estamos poniendo el foco con este plan en las grandes empresas, pero nos estamos olvidando de cómo podemos acompañar a las pequeñas empresas para que, con las exigencias del mercado y de las grandes cadenas de valor, también puedan medir sus emisiones y adaptarse a estos requerimientos", dice Herrero.

Aunque muchas no están obligadas a reportar emisiones ni a cumplir con regulaciones específicas de cambio climático, conforme las grandes empresas enfrenten mayores compromisos para reducir emisiones y demostrar avances en materia climática, es probable que trasladen parte de esas exigencias a sus proveedores.

"No hay que verlo desde 'el gobierno me lo pide', sino entender que si se lo están pidiendo a las grandes empresas, ellas también van a necesitar que sus proveedores estén preparados. Hay que identificar la oportunidad para adaptar los procesos a una realidad que está cambiando", dice Herrero.

El director de Sistema B sostiene que esa lógica ya puede observarse en mercados como el europeo, donde la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, cuya negociación concluyó este año, abre nuevas oportunidades para las exportaciones mexicanas, pero también incrementa la importancia de cumplir estándares ambientales y sociales cada vez más robustos.

"Gobierno ha hablado, ahora tenemos que responder desde el sector privado. Tenemos que ir más allá de lo que está pidiendo el gobierno y, sobre todo, poner el foco en cómo ayudamos a que muchas más pymes puedan adaptarse y fortalecer el impacto de las cadenas de valor. Estamos entrando a un nuevo ecosistema y la pregunta es cómo hacemos, entre todos, para adaptarnos de la forma más ágil", comenta el directivo de Sistema B México.