De acuerdo con el Monitor Mujeres en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86 pesos. La brecha salarial nacional se ubica en 14%.
Javiera Medina, socia de Baker McKenzie, explica que el dictamen no crea una obligación nueva para los empleadores, sino que fortalece los mecanismos para supervisarla.
“La obligación ya existía, lo único es que se está formalizando la facultad de la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo estas inspecciones. Lo que se está tratando de hacer es dar mayor fuerza a esta obligación que ya existe para los patrones”, explica Medida.
La especialista cuenta que desde 1951 existe una obligación por un convenio ratificado con la Organización Internacional de Trabajo donde ya existía la obligación en la constitución de pagar igual salario a hombres y mujeres. Este dictamen lo que busca es que esa obligación sea más visible y verificable para las organizaciones.
Aunque los lineamientos específicos aún deberán ser emitidos por la STPS una vez que la reforma sea aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Medina anticipa que las revisiones se concentrarán en información que las empresas ya generan de manera cotidiana.
“El objetivo es que la Secretaría del Trabajo pueda ingresar a las nóminas y los tabuladores salariales porque es ahí donde van a revisar efectivamente que los patrones estén pagando el mismo salario a hombres y mujeres con el mismo puesto”, comenta.
En términos prácticos, esto significa que las compañías deberán contar con evidencia documental suficiente para justificar las diferencias salariales que existan dentro de una misma categoría laboral.
Sin embargo, en las organizaciones existen diferencias asociadas con experiencia, especialización, certificaciones, antigüedad o desempeño. Para la autoridad, el reto será distinguir entre diferencias justificadas y posibles prácticas discriminatorias.