Las regulaciones climáticas y cambios ESG que entran en vigor en México en 2026

Hacia la transparencia

Las Normas de Información Sostenible (NIS) se aplicarán para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a aquellas que reportan sus estados financieros bajo normas financieras mexicanas, aunque no coticen en Bolsa, a presentar información detallada sobre sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Dentro de la información que deben entregar en 2026 se encuentran 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) diseñados por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), consumo de agua, energía, brecha salarial, diversidad, gestión de residuos, entre otros. Estos indicadores deben prepararse y presentarse al mismo tiempo que los estados financieros auditados o internos de las empresas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

“La sostenibilidad dejó de ser un tema "verde" para convertirse en un tema estratégico. Las empresas que revelan adecuadamente su impacto son vistas como más confiables, responsables y preparadas para los desafíos del siglo XXI. Las NIS buscan estandarizar esta revelación para que todos, desde inversionistas hasta consumidores, puedan tomar decisiones informadas”, indica en un reporte la consultora Pérez Góngora y Asociados.

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Las normas de sostenibilidad llevarán las práctica ESG a proveedores Las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) obligan a las empresas a recopilar datos ESG, lo que llevará a proveedores a adoptar prácticas sostenibles.

KPMG, por su parte, resalta que los principales retos para las empresas mexicanas en la implementación efectiva de las NIS se derivan de la etapa de madurez inicial en la que se encuentran muchas organizaciones respecto a la gestión Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG).

En su reporte, Panorama ASG en México y Centroamérica 2025, también destaca que la falta de presupuesto puede ser una limitante para incentivar la capacitación y gestión coordinada que requieren los nuevos lineamientos financieros. A pesar de esto, dice la consultora, que el 41% de las empresas sí asigna recursos para cumplir con las nuevas NIS vinculadas a los estados financieros.

“La implementación de las NIS y otros requerimientos normativos está acelerando la integración de la sostenibilidad. Sin embargo, muchas empresas mexicanas aún se enfocan en cumplir con los requerimientos de reporte o normativos sin tener una comprensión completa del valor estratégico que genera la sostenibilidad”, agrega el reporte.

Registro oficial de emisiones de CO2

Otro paso relevante de México hacia la regulación del carbono es la creación del Registro Nacional de Carbono (RENE), que está programado para iniciar operaciones en enero de 2026 y funcionará como un instrumento destinado a medir, verificar y certificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.

El RENE permitirá que cada participante calculará sus emisiones anuales de carbono utilizando metodologías aprobadas por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y estándares internacionales como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), el cual permite categorizar las emisiones en alcance 1 (directas), alcance 2 (indirectas por energía) y alcance 3 (otras indirectas) y el ISO 14064, que ayuda a diseñar una estructura para los inventarios, las auditorías y verificaciones, y proyectos de reducción de emisiones. Esto asegura que todas las emisiones se midan de manera consistente y comparable.

Por otro lado, permitirá a empresas, instituciones y proyectos ambientales cuantificar sus emisiones y, en consecuencia, generar créditos de carbono certificados que podrán ser comercializados en el mercado regulado que establecerá el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

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Falta dar el paso

México enfrenta el desafío de modernizar su política ambiental con dos ejes fundamentales: la Ley de Economía Circular y un marco jurídico sólido para la transición energética. Aunque se han dado pasos importantes en la planeación y consulta pública, aún faltan definiciones clave sobre instrumentos regulatorios, mecanismos de fiscalización y líneas de financiamiento que permitan a empresas y gobiernos implementar estas medidas de manera efectiva y cumplir con los compromisos de sostenibilidad.

El 10 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Economía Circular, el cual avanza para ser una pieza clave para transformar la gestión de residuos y promover la reutilización de materiales. La iniciativa busca reducir la generación de desechos, fomentar el reciclaje y la innovación tecnológica, alineando al país con estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El proyecto de decreto también reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por otro lado, el gobierno también trabaja en un renovado marco legal para la transición energética, orientado a impulsar energías limpias y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. La legislación establecerá incentivos para energías renovables, estándares de eficiencia y mecanismos de supervisión, con el objetivo de acelerar la descarbonización de sectores estratégicos.