El consumo humano y doméstico como prioridad
Antes de la reforma, México operaba bajo una gestión fragmentada del agua. Sectores como agricultura, industria y consumo urbano competían por el recurso sin un marco integral que privilegiara la sostenibilidad. El enfoque vigente priorizaba la disponibilidad y distribución del agua, más que su conservación y uso racional. Esto provocó la sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos y lagos, y una creciente vulnerabilidad frente a sequías.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el consumo hídrico en México se concentra principalmente en el sector agrícola, con 67.5% del total; el uso público y doméstico representa 14.7%; las termoeléctricas, 4.6%; la industria, 3.1%; comercio y servicios, 1.9%; y otros usos el 8.2%.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el país presenta avances insuficientes para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, relativo a la gestión sostenible del agua. México ocupa la posición 26 entre las naciones con mayor estrés hídrico y, en 2024, registró un avance de 69.9% en el ODS 6, por debajo del promedio regional de 72.6% en América Latina y el Caribe.
Estos escenarios, sumados a la creciente presión ciudadana, la evidencia científica sobre escasez y contaminación, y la necesidad de alinearse con estándares internacionales, generaron las condiciones para impulsar la reforma.
Por ello, el Senado de la República sostiene que aprobar la Ley General de Aguas y actualizar la Ley de Aguas Nacionales es no solo urgente, sino un acto de justicia ambiental, social y constitucional postergado por años.
“Ante la creciente frecuencia de sequías, el incremento de conflictos por el agua y los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, no podemos seguir aplazando esta responsabilidad”, señaló el Senado en un comunicado.
Con su implementación, el impacto para sectores como manufactura, alimentos y energía será inmediato. Las empresas deberán demostrar no solo que cumplen con la norma, sino que gestionan el agua de forma responsable a lo largo de toda la cadena de valor. La reforma, explican analistas de Basham, Ringe y Correa, redefine el agua como un activo estratégico y un indicador clave para evaluar riesgos, reputación y competitividad.
