México avanza hacia el reconocimiento legal de empresas con propósito

El foro “Rumbo a una agenda legislativa para la Economía Sostenible en México: Empresas con Propósito y Prosperidad Compartida” reunió a representantes del sector público, privado y organismos internacionales para hablar sobre esta iniciativa que busca establecer un marco que permita a las empresas incorporar formalmente objetivos de beneficio colectivo, sin perder su carácter lucrativo.

Actualmente, en México no existe una categoría jurídica específica que reconozca a las empresas con propósito. Estas organizaciones operan bajo figuras tradicionales, como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. La propuesta pretende modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles para introducir una modalidad que pueda ser adoptada por cualquier empresa, sin crear una nueva figura jurídica independiente.

En países como Colombia, Ecuador, Perú, Italia y algunas entidades de Estados Unidos, entre otras, ya existen figuras similares, como las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC).

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La propuesta mexicana retoma esa experiencia internacional, pero busca adaptarla al contexto local. James Ritch, senior counsel de Ritch Mueller, miembro del consejo de Sistema B México y de REDINE, explicó que la iniciativa se ha diseñado con cautela para evitar distorsiones en el sistema actual.

“No queremos crearle cargas a quien decida emprender este tipo de negocios”, señaló Ritch, al tiempo que detalló que la propuesta busca insertarse dentro de la legislación vigente sin generar estructuras paralelas.

Sobre la naturaleza de la figura, precisó que “no es una forma societaria nueva, como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, sino es una modalidad que adopta una sociedad mercantil, lo que permitiría su implementación sin modificar de fondo el sistema jurídico existente. La idea es que se articule el propósito y se incluya en el objeto social y que se identifiquen los beneficiarios de ese propósito, con la mayor especificidad posible”, explicó Ritch durante el panel.

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El segundo componente se relaciona con la gobernanza corporativa. La propuesta plantea que los administradores tengan respaldo legal para tomar decisiones que no se basen exclusivamente en la maximización de utilidades.

Desde el sector público, la Secretaría de Economía ha comenzado a integrar criterios de sostenibilidad en sus políticas. Andrea Solano, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, destacó que la regulación puede ser un facilitador para este tipo de modelos.

“Generar y construir normatividad y procesos de normalización debe de traer siempre el foco de incluir el tema de los objetivos de desarrollo sostenible”, señaló Solano.

En ese sentido, explicó que programas como el distintivo “Hecho en México” ya incorporan estos criterios. “Cada vez que una persona solicita la obtención del distintivo tiene que demostrar que cumple con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible”, afirmó, al destacar que este mecanismo permite alinear la actividad empresarial con la Agenda 2030.

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Lila Gasca, asociada senior de Litigación, Arbitraje y Laboral en Hogan Lovells y miembro de REDINE, explicó que las empresas con propósito representan un cambio en la naturaleza misma de la actividad empresarial.

“Son empresas que desde el centro de su desarrollo tienen el mismo nivel de impacto social y ambiental que la generación de utilidades”, dijo Gasca.

A diferencia de la responsabilidad social empresarial, que suele ser voluntaria, este modelo implica una integración estructural del propósito. “No modifican la naturaleza de la empresa las acciones de responsabilidad social; en cambio, aquí el impacto está implícito en el producto o servicio”, explicó la abogada.

Este enfoque se alinea con compromisos internacionales. México adoptó la Agenda 2030 de Naciones Unidas en 2015, que establece 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, datos del propio sistema de Naciones Unidas indican que el avance ha sido desigual. El financiamiento para alcanzar estos objetivos sigue siendo uno de los principales retos, especialmente en economías emergentes.

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En este contexto, las empresas con propósito se presentan como un mecanismo para canalizar inversión privada hacia metas de desarrollo. De acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la brecha de financiamiento global para cumplir los ODS supera los cuatro billones de dólares anuales, lo que ha impulsado la búsqueda de instrumentos que movilicen capital privado.

“Lo que ustedes están impulsando ahora está en hacer más y mejor capital privado para el desarrollo, no para cualquier propósito sino para el beneficio de nuestras sociedades”, dijo Alfredo González, de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, durante el foro.

En México, el ecosistema de empresas con propósito aún es incipiente, pero ha crecido en la última década. Sistema B México reporta que existen más de 100 empresas certificadas como Empresas B en el país, parte de un movimiento global que promueve estándares de impacto social y ambiental.

El avance hacia una figura jurídica formal podría cambiar este panorama. De concretarse la reforma, México se sumaría a una tendencia internacional que busca redefinir el papel de la empresa en la sociedad. Sin embargo, el proceso apenas comienza y aún quedan aspectos por definir, como los estándares de medición y la coordinación entre autoridades. El foro en el Senado marca un punto de partida para una discusión que podría redefinir el papel de las empresas en México.