Este planteamiento, que comenzó en América Latina, hoy cuenta con más de 8,000 compañías certificadas como Empresas B en 96 países, según datos de B Lab. La cifra crece cada año y revela un interés cada vez mayor en modelos de negocio que combinan sostenibilidad y rentabilidad.
La reciente edición de El Encuentro+B Amazonia 2025, celebrada en Belém, Brasil, sede de la próxima COP30, confirmó esa tendencia: empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil debatieron sobre cómo llevar el movimiento a una nueva etapa de impacto colectivo, en un momento crucial para la región amazónica y para el planeta.
Estándares más exigentes
Uno de los anuncios centrales del Encuentro fue la actualización de los criterios de certificación. Hasta ahora, las empresas debían tener al menos 80 puntos de 100 para obtener la certificación, pero eso cambió.
“Lo que se exige ahora a las empresas es que todas cumplan requisitos mínimos en siete temáticas de impacto”, explica Sebastián Troncoso, director de Operaciones de Sistema B Internacional
Los nuevos temas incluyen:
- Trabajo justo
- Acción climática
- Circularidad y gestión ambiental
- Acción colectiva
- Propósito y gobernanza de las partes interesadas
- Derechos humanos
- Justicia, diversidad, equidad e inclusión
El cambio responde a un contexto global más complejo. “Con la crisis climática, la pandemia y la inestabilidad geopolítica nos cuestionamos si el estándar existente era suficiente. Por eso tomamos la decisión de elevar la vara”, afirma Troncoso.
La transición será gradual. Las empresas tendrán plazos de uno, tres y cinco años para cumplir los nuevos requisitos, con un modelo de mejora continua y acompañamiento.
“Buscamos desmitificar la idea de que con estos estándares las empresas no podrán recertificarse. Al contrario, queremos acompañarlas en este proceso”, aclara el directivo.
Una de las características más distintivas de las Empresas B es su marco legal. No se trata solo de buenas intenciones o de prácticas voluntarias.
“La diferencia de las empresas B es que los accionistas firman un contrato legal que los vincula a su propósito. Ese compromiso queda registrado y es exigible ante un juez”, subraya Correa.
Esto contrasta con otras iniciativas de responsabilidad social, que suelen depender de la voluntad del empresario y pueden ser abandonadas fácilmente. Para las Empresas B, el propósito se convierte en parte de la identidad legal de la organización.