“Las empresas que generan valor para la sociedad y para el planeta naturalmente generan valor para el mercado. Pero una empresa que solo genera valor a corto plazo para el mercado, en el futuro su valor presente es cero, porque no tiene relevancia”, comenta Fukuyama.
En América Latina, varios países ya han aprobado leyes similares. En Colombia, por ejemplo, existen más de 2,000 empresas BIC registradas oficialmente, y el gobierno ha implementado incentivos para incorporarlas en las compras públicas.
“Cuando las autoridades reconocen que hay un nuevo segmento económico, eso cambia otras políticas públicas, incluyendo las compras públicas. En América Latina, las compras públicas representan hasta 12% del PIB regional. Desde que se reconocen las empresas BIC, se empieza a incorporarlas como proveedoras, no solo por precio, sino también por su impacto en la comunidad y en el planeta”, explica Fukuyama.
En México, el debate se da en un momento clave. Tras la pandemia, el país enfrenta presiones económicas y sociales profundas, y las empresas buscan formas de fortalecer su legitimidad y sostenibilidad. Sin embargo, como señala Fukuyama, la adopción de este modelo no está exenta de obstáculos.
“Tenemos un desafío de corto versus largo plazo. América Latina fue la región más afectada por la pandemia, con 40 millones de empleos perdidos. A corto plazo, las comunidades vulnerables necesitan sobrevivir. Pero lo que estamos planteando con la Ley BIC es el largo plazo y esa tensión es crítica”, dice.
Otro reto, añade, es cultural, pues sigue muy arraigada la creencia de que el negocio solo es en términos monetarios, para el especialista, hay que deconstruir esa creencia para avanzar hacia una nueva economía que ponga en el centro a las personas y al planeta.
La Ley BIC busca institucionalizar una conducta empresarial basada en el propósito y la transparencia, y ofrecer seguridad jurídica a los administradores para tomar decisiones más sostenibles.
“La ley BIC es un instrumento institucional para que las empresas se comporten con propósito, responsabilidad y transparencia, y también para dar respaldo a los administradores a la hora de tomar decisiones mejores para el mundo”, sostiene Fukuyama.
De aprobarse, México se uniría a una red de países que han comenzado a usar la figura BIC como catalizador para transformar mercados y cadenas de valor completas. Según Fukuyama, los beneficios no solo se verían en la gestión interna de las empresas, sino también en la atracción de inversión responsable
El desafío será traducir esta visión en políticas públicas efectivas y adaptadas al contexto nacional. Si se logra, más de cuatro millones de empresas mexicanas podrían convertirse, dice Fukuyama, en protagonistas de la nueva economía, una que mida su éxito no solo por ganancias, sino también por su impacto social y ambiental.
