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Multas ambientales superan 300 mdp y elevan riesgo legal para empresas

Las sanciones responden más a fallas de cumplimiento que a daños ambientales, lo que revela brechas en gestión y eleva riesgos operativos.
mar 14 abril 2026 10:30 AM
Las multas por daño ambiental superan los 300 mdp en México y elevan el riesgo legal para las empresas
Según reportes y comunicados de Profepa, las industrias más sancionadas pertenecen a sectores de alto impacto como la minería, la energía, la manufactura y el manejo de residuos. (Saharat Thinagun/Getty Images)

En México, el costo de no regular el medio ambiente se ha convertido en una factura tangible que impacta la economía y la calidad de vida de las personas. La degradación de recursos, la contaminación y la sobreexplotación han llevado al Estado a endurecer su papel como árbitro ambiental, donde la sostenibilidad ha tomado un papel clave para la competitividad en las empresas, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que el daño ambiental equivale a 4.6% del PIB.

Entre 2022 y 2024, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha impuesto sanciones por 305.8 millones de pesos a empresas responsables de afectar cuerpos de agua, suelos y otros recursos naturales, lo que representa un punto de inflexión en la aplicación de la Ley Ambiental en México, donde históricamente la vigilancia había sido irregular. El organismo destaca que este incremento no solo refleja el número de infracciones, sino también un cambio institucional hacia una fiscalización más activa, con mayores recursos y un enfoque más riguroso en el cumplimiento normativo.

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De acuerdo con información del Senado, se aprobaron reformas para elevar las penas por delitos ambientales, incluyendo sanciones más severas para quienes dañen ecosistemas o contaminen cuerpos de agua.

Análisis legales como los de Hogan Lovells señalan que estas modificaciones también amplían la responsabilidad de las empresas, lo que incrementa el riesgo legal y reputacional ante incumplimientos.

“Lo que hemos visto también con algunos estudios que están circulando es que los procesos de fiscalización aplican a puntos bastante recurrentes, sobre todo permisos ambientales desactualizados o inexistentes, reportes incompletos o sin respaldo, y falta de trazabilidad de la información, lo que finalmente deriva en sanciones”, dice Pedro Feres, gerente comercial de m-risk.

La importancia de la supervisión

El aumento de sanciones no necesariamente implica un deterioro ambiental, sino una mayor capacidad de supervisión. De acuerdo con análisis de KPMG, la regulación ambiental en México y en el mundo se ha vuelto más estricta en los últimos años, impulsada por la necesidad de combatir la crisis climática y fortalecer la gobernanza corporativa. Este contexto ha obligado a las empresas a elevar sus estándares de cumplimiento y a integrar la sostenibilidad como un eje estratégico dentro de sus operaciones.

“En general, la gran mayoría de las multas aplica principalmente a temas de errores de cumplimiento más que a desastres medioambientales; son fallas en la gestión, omisiones o falta de información adecuada, lo que muestra que todavía hay una brecha importante en la forma en que las empresas administran sus obligaciones”, agrega Feres.

Daniel Ortiz, director de Forensic en KPMG México, explica en el análisis que uno de los principales desafíos para las empresas radica en la gestión de la información ambiental. Señala que aunque muchas compañías implementan acciones para mitigar su impacto, no siempre cuentan con sistemas que permitan documentar y demostrar ese cumplimiento ante las autoridades.

“En un mundo donde la corrupción y la crisis climática representan amenazas reales, las organizaciones tienen la responsabilidad y el poder de liderar con el ejemplo. Implementar programas ESG sólidos no solo mejora la reputación y resiliencia empresarial, sino que también contribuye a un futuro más justo y sostenible”, menciona Ortiz.

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Por su parte, Feres reconoce que hoy en día las empresas pueden estar haciendo su gestión, pero no tienen la manera de demostrarlo de forma eficiente. Muchas siguen operando con procesos manuales, lo que dificulta responder a una fiscalización, pese a que sí cuentan con la información.

Los especialistas coinciden en que la digitalización y la adopción de herramientas tecnológicas son clave para cerrar esta brecha. La automatización de reportes, la centralización de datos y la trazabilidad de la información permiten no solo cumplir con la normativa, sino anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones. En un entorno donde la supervisión es cada vez más constante, estas soluciones se vuelven un elemento diferenciador para las empresas.

Sin embargo, a pesar de los avances, Mauricio Llamas, socio de Hogan Lovells, señala que persisten áreas de oportunidad en el sistema regulatorio mexicano. Entre ellas destacan la necesidad de ampliar la cobertura de inspecciones, fortalecer la transparencia en los procesos sancionatorios y mejorar la capacitación técnica, tanto en autoridades como en empresas. También existe el reto de integrar a las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar menores niveles de fiscalización pero forman parte de cadenas productivas de alto impacto.

Hacia adelante, los especialistas puntualizan en que México enfrenta un desafío particular por el tamaño de su economía y su perfil industrial. Sin embargo, el incremento en sanciones, el fortalecimiento del marco legal y la presión de los mercados apuntan a una tendencia clara: la sostenibilidad ha dejado de ser un tema secundario para convertirse en un eje central de la competitividad empresarial. En este escenario, el cumplimiento ambiental no solo evita multas, sino que define la viabilidad de las empresas en el largo plazo.

Con información de Rafael Mejía

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Contaminación ambiental cambio climático

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