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Las empresas con propósito avanzan en América Latina con respaldo legal

Este modelo de negocio trae en su núcleo la creación de valor económico, como cualquier otra empresa, pero también la integración de impacto social y ambiental positivo.
lun 04 mayo 2026 01:12 PM
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Las empresas con propósito se alinean con una tendencia global hacia la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones empresariales y financieras. (Tirachard/Getty Images)

El concepto de empresa con propósito cada vez suena más como una de las respuestas más estructurales a los desafíos sociales y ambientales que enfrentan las economías. A diferencia de los modelos tradicionales centrados exclusivamente en la maximización de utilidades, estas organizaciones incorporan de manera explícita objetivos sociales y ambientales dentro de su actividad principal al mismo nivel que los resultados financieros.

La característica central de una empresa con propósito es que su razón de ser incluye la generación de impacto positivo. No se trata de actividades accesorias ni de programas paralelos, sino de un diseño empresarial en el que los productos o servicios están concebidos para atender problemáticas sociales o ambientales concretas. En este modelo, la rentabilidad y el impacto no son objetivos contrapuestos, sino interdependientes.

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Esta definición permite distinguirlas de otras figuras que, aunque relacionadas, operan bajo lógicas distintas. La responsabilidad social empresarial, por ejemplo, se basa en un conjunto de prácticas voluntarias que las compañías adoptan para mitigar impactos negativos o contribuir a su entorno. Sin embargo, estas acciones no modifican la naturaleza del negocio. Las empresas continúan operando bajo esquemas tradicionales y complementan su actividad con iniciativas sociales o ambientales.

Algo similar ocurre con la filantropía corporativa. En este caso, las empresas destinan parte de sus utilidades a apoyar causas sociales, generalmente a través de donaciones o fundaciones. Si bien este mecanismo ha sido clave para financiar proyectos de alto impacto, su alcance depende directamente de la capacidad de generar ganancias. Es decir, el impacto no está integrado en el modelo productivo, sino que se produce después de la operación económica.

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen como objetivo principal la atención de problemáticas sociales, pero no operan bajo una lógica de mercado orientada a la generación de utilidades. Su sostenibilidad depende en gran medida de donaciones, financiamiento público o cooperación internacional, lo que limita su escala en comparación con el sector privado.

Frente a estos esquemas, las empresas con propósito representan un modelo híbrido que busca aprovechar la capacidad de generación de valor del sector privado para atender necesidades públicas. Como explicó Lila Gasca, asociada senior de Litigación, Arbitraje y Laboral en Hogan Lovells e integrante de la Red de Investigación para una Nueva Economía (REDINE), este tipo de empresas “hacen del impacto social y ambiental el centro de su desarrollo y lo integran desde su origen en la estructura del negocio”.

Las empresas con propósito se alinean con una tendencia global hacia la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones empresariales y financieras. Fondos de inversión, instituciones financieras y reguladores han comenzado a exigir mayor transparencia y compromiso en estas áreas, lo que ha incentivado la adopción de modelos de negocio orientados al impacto.

Para Gasca, este modelo no sustituye a la filantropía ni a las organizaciones de la sociedad civil, sino que las complementa. “La filantropía no va a desaparecer, sigue siendo estratégica, pero las empresas con propósito integran el impacto desde su operación, lo que permite escalar soluciones de manera más sostenida”, señaló.

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La experiencia internacional

La evolución de este concepto también ha derivado en la creación de marcos legales específicos en distintos países. En América Latina, Colombia fue uno de los primeros en introducir una figura jurídica para este tipo de organizaciones a través de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) en 2018. Este modelo permite a las empresas incorporar compromisos sociales y ambientales en sus estatutos, lo que les otorga un reconocimiento legal y establece obligaciones de reporte y transparencia.

Perú y Ecuador han adoptado esquemas similares, mientras que en Chile y Uruguay se han desarrollado iniciativas legislativas en la misma línea. En todos los casos, el objetivo es generar un entorno que facilite la operación de empresas con propósito y promueva su crecimiento, sin imponer cargas excesivas que desincentiven la adopción del modelo.

Los beneficios asociados a estas figuras han sido identificados tanto a nivel empresarial como sistémico. Para las compañías, contar con un reconocimiento legal puede traducirse en ventajas reputacionales, mayor acceso a financiamiento y una mejor posición frente a inversionistas interesados en criterios ESG. También puede fortalecer la gobernanza interna, al establecer mecanismos claros para equilibrar la generación de utilidades con el cumplimiento del propósito.

En México, la discusión sobre este tipo de empresas se encuentra en una etapa incipiente, por lo pronto se han abierto las discusiones en torno a este tema y se busca que tengan un reconocimiento como una sociedad mercantil.

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