México busca reconocer legalmente a empresas con impacto social y ambiental

Amalia García, senadora y presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 en el Senado de la República, expresó un gran entusiasmo y compromiso con la iniciativa de la Ley de Beneficio e Interés Común (Ley BIC), pues considera que la nueva visión debe ser de largo plazo, responsable y comprometida con la sostenibilidad, pensando en la vida actual y en las generaciones futuras.

“Coincido con lo dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) en que la época del calentamiento global ha terminado e inicia una era de ebullición global. Se requiere otra forma de producir, una economía diferente que garantice que la producción sea amigable con el planeta, pues no hay plan B, no hay un planeta B”, agregó García.

García resaltó que las organizaciones y las empresas de este rubro pueden verla como una aliada clave que busca utilizar su liderazgo en la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 para garantizar que esta legislación sea asumida como una causa común en el Congreso de la Unión.

Lee

Líderes globales acuerdan nuevas metas y financiamiento climático rumbo a la COP30 Aunque se anunciaron avances en financiamiento y transición energética, persisten dudas sobre la implementación efectiva y la brecha entre promesas y resultados.

Por su parte, Gemma Santana, activista, empresaria e impulsora de la iniciativa, destacó que esta Ley promueve un modelo en el que se reconozca a las empresas sociales y ambientales que han resuelto problemas sin subsidios del gobierno, sin recursos, y que han sabido innovar con una visión distinta a la empresa tradicional.

Santana dijo que una empresa no puede limitarse a la creación de empleos y pago de impuestos; se necesita evolucionar. Por ello, resaltó que es indispensable impulsar esta iniciativa para generar un efecto cascada en la sociedad, con una descentralización de la solución de los problemas y una ciudadanía menos dependiente del gobierno que fomente la cooperación.

Lila Gasca, directora de Responsabilidad Social y pro bono de Hogan Lovells, comentó que actualmente el país va muy atrás en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a solo cinco años de su corte. Sin embargo, Gasca reconoció que el modelo de negocio BIC hace posible que se pueda adelantar en ese camino al integrar a empresas de todos los tamaños.

“Los principales requisitos (en la iniciativa) son integrar genuinamente el propósito de generar impacto social y ambiental, identificar a los beneficiarios directos del impacto, y garantizar la trazabilidad. No existe una complejidad técnica o administrativa para las pequeñas y medianas empresas más allá de lo que ya hacen o de lo que se exigirá con las normas de información sostenible”, subrayó.

Elementos de la Ley

Juan Diego Mujica, gestor del departamento jurídico internacional de NATIVA, explicó que hay elementos esenciales que definen el marco jurídico de la modalidad de Ley BIC que buscan dar certidumbre, estructura y mecanismos claros de seguimiento a las empresas con propósito social y ambiental.

Según Mujica, estos componentes transforman la gobernanza de la empresa, son consistentemente identificados a nivel internacional como tres pilares fundamentales: el propósito, la responsabilidad y la transparencia.

El propósito tiene que reflejarse en acciones verificables que produzcan efectos positivos en las personas, comunidades y ecosistemas. Además, la empresa debe definir expresamente en sus estatutos quiénes son los beneficiarios directos de su propósito de beneficio e interés común. Estos beneficiarios pueden ser personas, comunidades, organizaciones o incluso el capital natural.

También lee

De la teoría a la regulación: el Triple Bottom Line y las nuevas métricas de sostenibilidad John Elkington, escritor y creador del concepto de Triple Bottom Line (TBL) habla sobre los desafíos y oportunidades para lograr un impacto positivo sin comprometer la rentabilidad de las empresas.

Por otro lado, Mujica aclaró que el elemento de la responsabilidad recae en los directores y administradores que deben evaluar y ponderar en sus decisiones las variables económicas, sociales y ambientales, además de los impactos financieros, aunque esto puede contrastar con la legislación comercial actual, que típicamente prioriza el retorno de la inversión del accionista.

En la transparencia, el gestor de NATIVA lo definió como la elaboración y publicación de un informe anual de impacto que debe ser aprobado por la asamblea de socios o accionistas, al utilizar un estándar conocido para mantener la información accesible al público.

“El ejemplo italiano de la Società Benefit, que cumple 10 años, ha demostrado que las empresas con este marco legal crecen un 26% más en facturación y superan a sus pares en la creación de propiedad intelectual vinculada a la sostenibilidad”, puntualizó Mujica.