“México necesita introducir al menos 67 millones de toneladas de compensaciones al mercado, ya que actualmente el mercado voluntario solo provee aproximadamente el 10% de lo requerido. Esto es crítico, especialmente para sectores de difícil descarbonización como petróleo, gas, electricidad, acero y cemento”, agregó el subsecretario de la SEMARNAT.
Según Samaniego, con esta nueva implementación del SCE también se busca una mayor flexibilidad en las compensaciones para ayudar a los sectores a cumplir, permitiendo una "ampliación del juego para las compensaciones" y la creación de un programa nacional sólido. Esto implica un fuerte énfasis en la economía mexicana para producir reducciones, de las cuales actualmente reconoce que hay escasez.
Durante su participación, Javier Arribas, ministro consultor de la Unión Europea mencionó que la experiencia que comparte sobre el Sistema de Comercio de Emisiones en la UE, que esta vigente desde 2005, es que se también puede tener resultados indirectos como el impulso a la tecnología, que a su vez, expande de manera gradual su alcance y un acompañamiento a medidas reglamentarias y financieras.
Bajo esa experiencia, la UE ha tenido como resultado una reducción del 47% de las emisiones en los sectores cubiertos y movilizar más de 200,000 millones de euros al fijar un precio al carbono de 77 euros por tonelada.
Por su parte, Fernando Puente, director de estrategia ESG en Santander México, indicó que el cambio climático es un tema material para los bancos, dado que el 99% de sus emisiones están en sus portafolios.
Para Puente el sector bancario puede fungir como intermediario entre la oferta y demanda de créditos de carbono, ofrecer productos de cobertura (futuros/opciones) y ver el carbono como una "moneda de cambio" que incentive la descarbonización.
Al final de su intervención, los expertos coincidieron que el SCE es crucial para reducir la brecha entre las políticas actuales y los objetivos climáticos en que para cumplir las metas climáticas de México a través de un SCE robusto, adempas de un sistema vigoroso de compensaciones, la armonización regulatoria, el impulso a la inversión verde y la cooperación internacional, todo ello mientras se protege la competitividad industrial y se fomenta la participación de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil.
