Más que una nueva obligación regulatoria, el mecanismo ya redefine los factores de competitividad, pues para las empresas mexicanas que exportan al mercado europeo, ya no bastará ofrecer precios competitivos o ventajas logísticas; también deberán demostrar, con información verificable, la intensidad de carbono de sus productos y la capacidad de reducir sus emisiones a lo largo de la cadena de suministro.
"El riesgo principal es perder competitividad o incluso acceso a determinados clientes por no poder demostrar de forma confiable las emisiones incorporadas en sus productos. Aunque la obligación formal corresponde al importador europeo, éste dependerá de la información compartida por el productor mexicano para reportar las emisiones y calcular los certificados correspondientes", explica Ana Vanoye, directora del Programa de Ingeniería en Desarrollo Sostenible de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.
Por su parte, Marco Lara, economista senior de BBVA México, considera que la exposición de México al mecanismo aún es relativamente moderada frente a otras economías. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ocupa la posición 38 entre las economías más expuestas al CBAM. No obstante, advierte que los sectores intensivos en carbono como cemento, hierro, acero, aluminio y fertilizantes, enfrentarán mayores presiones por el costo asociado a las emisiones y por la necesidad de entregar información ambiental verificable.
"El riesgo no es solamente el costo asociado al carbono. Un proveedor que no entregue datos confiables sobre sus emisiones puede recibir condiciones comerciales menos favorables o incluso ser sustituido por otro con una menor huella de carbono reportada y con información verificable", señala Lara.
La Comisión Europea define el CBAM como una herramienta para asignar un precio justo al carbono emitido durante la producción de bienes intensivos en emisiones que ingresan al mercado europeo, al tiempo que busca evitar la denominada "fuga de carbono", es decir, el traslado de la producción hacia países con regulaciones ambientales menos estrictas.
Aunque Estados Unidos todavía no cuenta con un mecanismo federal equivalente, la presión sobre los proveedores internacionales también se intensifica. Empresas de los sectores automotriz, electrónico y de manufactura avanzada solicitan cada vez con mayor frecuencia inventarios de emisiones, trazabilidad de materias primas y estrategias de descarbonización como requisito para mantenerse dentro de sus cadenas globales de suministro.
La OCDE considera que el CBAM representa una de las reformas comerciales y climáticas más relevantes de los últimos años porque busca igualar el costo del carbono entre productores europeos y exportadores extranjeros, aunque también advierte que implicará nuevos desafíos de competitividad para las industrias con mayores emisiones.
Desde la perspectiva empresarial, el principal desafío no radica únicamente en la tecnología o en el financiamiento, sino en la capacidad de las organizaciones para gestionar información ambiental con criterios de calidad y trazabilidad.