¿Qué tan sostenibles son los bonos verdes?

En México, los bonos etiquetados existen desde 2015 y, casi nueve años después, se han emitido 1.03 billones de pesos, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS). De esos, 378,000 mdp se han emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el mercado más activo para estos instrumentos.

Para Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la BMV, el aumento de estas emisiones obedece a varios factores, como la obligación de las Afore, el principal inversionista en México, de analizar las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) al momento de invertir. “Esto aceleró mucho la educación, tanto con las empresas como con los inversionistas. Hoy en día, las Afore, principalmente en la parte de los bonos, han sido muy activas”, comenta el directivo.

Otro factor es el greenium, algo así como el “premio verde”, dice Olivo, que se refiere a la tendencia de ofrecer una menor tasa de interés en la emisión en comparación con los bonos tradicionales, una rebaja que oscila entre 6 y 21 puntos base. “Eso le ayuda mucho a la empresa, porque al colocar un bono temático tendrá como premio una fuente de fondeo más barata”, agrega.

Debido al apetito de los inversionistas y al menor costo de financiamiento, ningún emisor se quiere perder esta ola. Tampoco el gobierno federal, que, de hecho, se ha convertido en el principal emisor de estos instrumentos; sin embargo, sus operaciones las ha realizado en el mercado internacional. De acuerdo con el CMFS, el gobierno ha emitido 348,450 mdp, casi el total de lo emitido en estos instrumentos en la BMV. “El gobierno federal ha sido clave para hacer que esto crezca”, comenta Alba Aguilar, directora general del organismo.

Predicar con el ejemplo

Desde el año 2020, las operaciones del gobierno federal han ido en aumento y ya representan más del 30% de las emisiones totales de bonos etiquetados. Estas emisiones soberanas se han realizado en el mercado internacional y no solo en pesos, también en dólares, euros y yenes. En todos los casos, el destino de los recursos fue el financiamiento de proyectos sustentables vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Uno de los aspectos más importantes en la emisión de bonos etiquetados es la administración de los recursos obtenidos. No se trata solo de asegurar que los fondos se destinen al proyecto correcto, sino también mantener una “relación abierta con los inversionistas”, asegura Álvaro Vértiz, Country Head & Partner de DGA Group, para permitir que accedan a la información necesaria para monitorear el desempeño del bono y el destino de los recursos. Este tipo de transparencia se puede observar en otros instrumentos financieros, como las FIBRAS o los CKD, donde las emisoras mantienen a los inversionistas informados sobre los avances y resultados de los proyectos financiados.

La relación con los inversionistas es crucial, pues tienen el poder de, incluso, retirar el financiamiento. En México no ha ocurrido un caso de desvío de recursos en un bono etiquetado, pero, de suceder, las consecuencias podrían ser severas, incluso, que el emisor pague de manera adelantada la deuda. Otra de las consecuencias de una mala práctica es que se pierde la confianza de los inversionistas. “Los emisores que colocan algún bono, típicamente, regresan al mercado por una segunda, tercera o cuarta emisión, lo que hace que la reputación sea bien importante para tener las fuentes de fondeo disponibles cuando la empresa o los gobiernos lo necesiten”, dice Olivo.

Uso de recursos

Los inversionistas exigen transparencia y trazabilidad de su dinero a todos los emisores; sin embargo, ni las reglas ni la forma de operar son iguales para todas las entidades emisoras. “La diferencia entre una emisión privada y una soberana es que, aunque el mercado pone ciertas condiciones, el gobierno opera conforme a sus propias reglas, a sus leyes, y los entes privados, con base en la regulación existente; es decir uno se pone sus propias reglas y el otro sigue las reglas que le están poniendo”, comenta Alejandro Pagés, director de Asesoría en Sustentabilidad, ASG y Economía Circular de KPMG México.

En el caso de los bonos soberanos, primero se tiene que aprobar el presupuesto ante el Congreso, luego seleccionar qué programas pueden ser elegibles bajo los criterios de un marco de referencia, que se trabajó con la ayuda de Naciones Unidas. Tras ser validado por un comité, se hace la emisión. Un año después, se debe hacer un reporte de asignación y de impacto de los recursos. Y, finalmente, hay una verificación de ese reporte por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

“Creo que está bien armado. Además, los gastos elegibles para la emisión de bonos soberanos pasan por un filtro, como que deben incluir actividades productivas, contribuir directamente al menos a un ODS, el programa debe tener reglas claras de operación y lineamientos, no debe tener externalidades negativas y los recursos se deben basar en el índice de rezago social”, explica Aguilar. Finalmente, cada emisión tiene que ser calificada por una agencia. Para los bonos soberanos ODS cuentan con evaluaciones de Fitch y S&P.

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Otra de las diferencias entre las emisiones es la asignación de recursos. Las empresas no pueden mover el dinero de un bono de un proyecto a otro, sino que se debe asignar para lo que señala el prospecto de colocación; el gobierno sí puede hacerlo. “No tiene esa acotación, el gobierno emite los bonos y [los recursos] están dentro de una bolsa que se llama Tesorería de la Federación. Esa es la distinción operativa entre unos y otros”, comenta Pagés.

Impacto: lo que sí importa

El problema, señalan especialistas, es que no hay claridad o definición del destino de los recursos desde el inicio de la emisión. De acuerdo con dos fuentes que pidieron no ser citadas, la emisión de los bonos soberanos ODS tiene como primera motivación fines políticos, específicamente, “ganar elecciones”, y luego se busca una justificación de sustentabilidad, pues aunque están condicionados a cumplir objetivos sostenibles, la forma de hacerlo es a través de programas de subsidio del gobierno federal.

De acuerdo con un análisis basado en el Estudio Nacional Electoral de México (ENEM) 2021, realizado por el CIDE, ser beneficiario de programas sociales aumenta el voto a favor del partido gobernante.

Los 348,450 mdp que se han emitido en estos bonos tienen en su prospecto como destino de los recursos el financiamiento de proyectos sustentables vinculados a los ODS de la ONU, sin especificar objetivo ni programa.

En el reporte de asignación e impacto de los bonos ODS de México 2023, el último disponible, se señala que los objetivos a contribuir son: hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres. La vía para contribuir a estos ODS son programas de subsidios como Sembrando Vida y Becas para el Bienestar Benito Juárez.

En el papel, los recursos de estos bonos pretenden contribuir con los objetivos sostenibles, pero, en la práctica, se quedan cortos. En noviembre de 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) consideró que el Informe de Impacto y Asignación de Bonos ODS 2023 de México cumple con los criterios establecidos en el marco de referencia. Pero “de ahí a que el proyecto como tal cumpla con esos objetivos (los ODS), creo que es otra cosa”, comenta Antonio Vizcaya Abdo, consultor en distintas organizaciones y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México enfocado en Sostenibilidad Corporativa.

Para el experto, el reto de estas emisiones, sean de gobierno o de empresas, es reportar el impacto real que tienen, porque “el ejercicio que hacemos para entender si estamos impactando positivamente es muy básico”.

En el caso, por ejemplo, del agua, el reporte de impacto señala que los recursos del bono se destinaron a la construcción y mejora de la infraestructura pública de tratamiento de aguas y la construcción o mantenimiento de la red pública de distribución.Sin embargo, en cuanto a los KPI no se registra un avance, ni en el porcentaje de la población con servicios de suministro de agua potable y de saneamiento ni en el porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura.

En el caso de educación, el porcentaje de jóvenes y adultos que participan en programas de educación y capacitación formal e informal durante los últimos 12 meses disminuyó del 38.5% en 2021 al 36.85% en 2023, de acuerdo con el reporte de asignación e impacto de los bonos ODS de México 2023.

Otro de los desafíos a los que se enfrentan estas colocaciones en términos de transparencia es la accesibilidad y el tecnicismo de la información, explica Vizcaya. “Para tratar de acceder a esa información, tienes que hacer circo, maroma y teatro para entender cómo se van a colocar los recursos, en qué proyectos y después entender cuál es el impacto de cada proyecto. En temas de sostenibilidad se debe tratar de que la información sea más accesible y más entendible”, dice el experto.

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Fitch es una de las agencias que califica estos instrumentos. A los bonos emitidos en yenes en 2022 les puso una evaluación de BBB-. Se trata del grado más bajo dentro de la categoría de inversión. Los temas que tienen un impacto negativo son estabilidad política, calidad institucional y regulatoria, control de la corrupción, derechos humanos y libertades políticas, de acuerdo con la institución.

A pesar de todo, la demanda de estos bonos sigue creciendo. Ejemplo de ello es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha emitido bonos verdes con compromisos explícitos de invertir en energías renovables y eficiencia energética. A pesar de que la CFE es una empresa tradicionalmente asociada a la producción de energía no renovable, sus emisiones de deuda etiquetada han sido exitosas. La última, realizada en septiembre de 2024, registró una demanda total de 6.5 veces el monto emitido (1,500 mdd), alcanzando una demanda máxima de 9,700 mdd.

El viento a favor

Para 2030 se requiere movilizar 15 billones de pesos en recursos para cumplir con las metas establecidas por el país en los ODS, por lo que la emisión de bonos etiquetados seguirá en ascenso. México no es el único que necesita recursos para lograr sus objetivos, por lo que la competencia por capital se intensificará y, a la par, la exigencia de los inversionistas de claridad en los proyectos financiados, explica Vértiz, lo que obligará a los emisores a adoptar prácticas más rigurosas en la transparencia del uso de estos fondos.

Uno de los principales pasos en este sentido se dio en 2023 con la publicación de la Taxonomía Sostenible de México, aunque “todavía no hay bonos emitidos bajo la taxonomía”, señala Alba Aguilar. Este documento pretende crear un lenguaje común en términos de lo que es y no que no es sostenible.

Con la taxonomía mexicana, se espera que, en el futuro, los bonos soberanos se alineen aún más con las regulaciones internacionales, lo que será crucial para mantener la confianza del mercado, indica Pagés. Aunque aún no existe una regulación estricta que obligue a reportar el uso de los recursos, la presión de los inversionistas y el creciente interés por la sustentabilidad están impulsando una mayor transparencia en este mercado en desarrollo.