La caída refleja una combinación de factores: desde la incertidumbre macroeconómica hasta el estancamiento regulatorio en Estados Unidos y Europa. "La incertidumbre en torno al gasto de capital y la ralentización de la implementación de regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) están limitando las nuevas emisiones", advierte el informe de Sustainable Finance Trends 2Q25 de Sustainable Fitch. Aunque hay segmentos que muestran algo de resiliencia como las emisiones de organismos supranacionales y los bonos de temática social, el desplome en instrumentos verdes enciende algunas alarmas.
¿Qué son los bonos verdes y cómo funcionan?
Los bonos verdes son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, instituciones financieras o empresas, cuyos fondos se destinan exclusivamente a proyectos con beneficios ambientales. Esto incluye iniciativas como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión de residuos y adaptación al cambio climático. A diferencia de los bonos tradicionales, estos instrumentos deben cumplir con estándares de transparencia y reportes de impacto, lo que implica una carga administrativa adicional, pero también mayor visibilidad ante inversionistas con criterios ESG.
El mercado ha crecido en la última década. De 1,500 millones de dólares en 2007 hasta superar los 2.9 billones de dólares en emisiones acumuladas hasta 2024.
Según datos de Sustainable Fitch, el mercado etiquetado ha sido impulsado principalmente por entidades públicas: los llamados SSAs (soberanos, supranacionales, subnacionales y agencias), que representaron casi 60% de la emisión total en la primera mitad de 2025.
Estados Unidos, Europa y el efecto dominó
El freno a la emisión de bonos verdes tiene un epicentro claro: Estados Unidos. A partir de 2024, el debate político sobre ESG ha generado un efecto conocido como greenhushing, donde las empresas optan por financiar proyectos sostenibles sin etiquetarlos como verdes, para evitar críticas o escrutinio público. Esto ha reducido drásticamente las emisiones corporativas en esepaís, que cayeron 88% anual en el segundo trimestre de 2025, según datos de Climate Bonds Initiative y IPE.
En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) abandonó en marzo de 2025 la defensa de su norma federal de divulgación climática, eliminando de facto la obligación de reportar riesgos ambientales a nivel nacional. Algunos estados como Nueva York, Illinois y Nueva Jersey avanzan en legislaciones propias, pero el vacío regulatorio a nivel federal ha afectado la confianza del mercado.