Sin embargo, advirtió que “cuando están todos ellos juntos y no hay una armonización, puede haber una empresa que juegue todos los sistemas juntos y el precio del carbono se va a las nubes”. El resultado, añadió, es un entorno de “sobrerregulación” que podría afectar la capacidad de las industrias mexicanas para competir con productos provenientes de China o India
Desde 2014, México ha implementado un impuesto al carbono dentro del IEPS, y en 2020 inició la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A la fecha, más de 15 estados también han adoptado impuestos locales al carbono, de acuerdo con información de la propia dependencia. Sin embargo, la falta de coordinación entre estos niveles de gobierno ha generado distorsiones y vacíos normativos.
Para Francisco Barnés, director ejecutivo de WRI México, el país necesita “un diseño integral desde el principio: cuál es la meta y cuánto hay que invertir”. El especialista advirtió que la transición energética requiere planeación y recursos, pues “esto no es una cosa sencilla, es una cosa que requiere inversión, tiempo y las señales adecuadas”.
El economista Luis Miguel Galindo, de la UNAM, destacó que ningún escenario de mitigación global “es económicamente viable donde no se incluye de alguna manera un precio al carbono”. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de transición climática: “pérdida de competitividad, efectos negativos en la distribución del ingreso y posibles impactos en la estructura productiva”.
