La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la semana pasada un dictamen similar en el que concluía que sus 20 Estados miembros de América Latina y el Caribe deben cooperar para hacer frente al cambio climático y no tomar medidas que supongan un retroceso en la protección del medio ambiente.
Durante dos semanas de audiencias ante el Tribunal Mundial en diciembre, los países ricos del norte global argumentaron ampliamente que los tratados climáticos existentes, como el Acuerdo de París, que en gran medida no son vinculantes, deben ser la base para decidir las responsabilidades de los países.
Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares, que son los más afectados por el cambio climático, abogaron por la adopción de medidas enérgicas para frenar las emisiones y exigieron ayuda financiera a los países ricos contaminantes.
La opinión consultiva de la CIJ forma parte de una oleada mundial de litigios climáticos, ya que los países, las organizaciones y los particulares recurren cada vez más a los tribunales para que tomen medidas contra el cambio climático.
Aunque no son vinculantes, sus interpretaciones de la ley tienen un gran peso jurídico y político. Los expertos afirman que su dictamen podría sentar un precedente en los litigios relacionados con el cambio climático en tribunales de Europa, América Latina y otros lugares.
