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Las empresas enfrentan una mayor regulación ante los riesgos climáticos

A partir de 2026, las empresas en México estarán obligadas a reportar riesgos ESG bajo estándares internacionales, lo que transformará su acceso a financiamiento y competitividad.
jue 07 agosto 2025 05:55 AM
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Para las empresas que no son públicas, no hay un regulador que las obligue, sino que será el mercado quien lo haga.

Ante la policrisis global, el avance regulatorio y una presión creciente por parte de los mercados internacionales, las empresas enfrentan un cambio en su enfoque hacia la sostenibilidad, donde ya no basta con informes voluntarios o estrategias ideales. A partir de 2026, las empresas cotizantes enfrentan un marco regulatorio obligatorio para reportar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por su siglas en inglés), con impacto en su acceso a financiamiento y competitividad global.

En enero de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una resolución que obliga a emisores de valores, excluyendo instituciones financieras, estados y municipios, a preparar un informe anual de sostenibilidad conforme a los Estándares de Información de Sostenibilidad de IFRS S1 y S2, basado en información fiscal de 2025, con presentación a partir de 2026. Se estima que esta obligación aplica a compañías que representan el 86 % de la capitalización del principal índice bursátil mexicano.

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Simultáneamente, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) lanzó las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) con un marco conceptual y 30 indicadores obligatorios (21 cuantitativos y nueve cualitativos). Estas normas aplican a empresas que siguen estándares NIC y es esencial para acceder a financiamiento si los bancos demandan transparencia ESG. Aunque no son obligatorias por ley, se convierten en norma del mercado.

“Se formarán dos ligas: una más expuesta al financiamiento internacional, que reportará con las NIF, y otra más enfocada en capital local, que usará las NIS. No es que una sea mejor que otra. Es que están en niveles de exposición y exigencia distintos”, explica Pablo del Arco Fernández, socio director de Expansión América en Valora Consultores.

Este avance regulatorio provoca una transformación dentro de las empresas que deben dejar de ver los riesgos por sus consecuencias, sino por causas. “Cuando revisan sus mapas de riesgo, descubren que el cambio climático, la desigualdad o la pérdida de biodiversidad son detonantes estructurales”, explica Del Arco.

Este enfoque ha sido adoptado de forma más decidida por sectores con una cultura de riesgo más arraigada, como la banca y los seguros. En México, entidades como Santander y Banorte han comenzado a integrar no sólo los riesgos climáticos, sino también los riesgos relacionados con la naturaleza, como el estrés hídrico o la escasez de biomasa, dentro de sus análisis de cartera.

“A diferencia de Europa o China, donde los marcos regulatorios exigen también la divulgación de impactos, en la mayoría de los países latinoamericanos la regulación sólo obliga a reportar riesgos y oportunidades financieras”, detalla Del Arco. “Para las empresas que no son emisoras, no hay un regulador que las obligue, pero el mercado sí”.

Así, si una empresa es mediana, por ejemplo, y no cotiza en Bolsa, pero es proveedora de una gran empresa con presencia internacional y además que sea pública, como Bimbo, se verá obligada a cumplir con estas nuevas normas y reportar sus riesgos ESG, si es que no quiere perder ese contrato.

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Un avance que perdura

Para Del Arco, la entrada en vigor de estas regulaciones en 2026 no es una respuesta coyuntural ni una moda pasajera. A pesar del entorno polarizado y del surgimiento de discursos políticos que cuestionan la agenda ESG, como ocurre en Estados Unidos con figuras como Donald Trump, el rumbo regulatorio y financiero está claramente trazado.

“El ruido se queda en la superficie. La presión regulatoria y de los inversionistas sigue creciendo. Europa, Japón y China avanzan de forma decidida. Y aunque en América Latina había un rezago normativo, ahora hay un impulso para construir ese andamiaje regulatorio”, comenta Del Arco.

Este cambio no se limita a un cumplimiento formal, sino que implica una transformación más profunda en cómo las empresas entienden su entorno. El concepto de naturaleza, por ejemplo, ha dejado de ser visto solo como un objeto de conservación para convertirse en un insumo estratégico.

“Las empresas han entendido que no solo impactan a la naturaleza, sino que dependen de ella. Por ejemplo, si una compañía necesita agua para operar, debe preocuparse por los ecosistemas que recargan los acuíferos”, explica Del Arco. Esta perspectiva es especialmente relevante en América Latina, donde muchas economías están altamente ligadas a recursos naturales vulnerables.

La inversión con criterios ESG también ha evolucionado. “Antes era más ideológica. Ahora es pragmática, basada en el retorno. Las empresas siguen invirtiendo con criterios ESG porque eso reduce riesgos y mejora su resiliencia. Pero ahora lo hacen con mayor rigurosidad”.

Este enfoque más maduro y estratégico será clave para que las empresas enfrenten adecuadamente las exigencias que vendrán a partir de 2026. Ya no se trata solo de cumplir con la ley, sino de adaptarse a un nuevo entorno de negocios donde la sostenibilidad es también una condición de viabilidad financiera y reputacional.

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ESG Regulación financiera

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