Desde su aprobación, esa ley se había convertido en uno de los símbolos más visibles de la oposición legislativa a las inversiones ESG en Estados Unidos. Con una economía profundamente arraigada en la producción de petróleo y gas (Texas produce una parte considerable de la energía doméstica estadounidense), los legisladores estatales impulsaron la ley como una forma de proteger lo que consideran un motor económico estratégico frente a lo que perciben como presiones de la industria financiera para priorizar objetivos ambientales.
La norma requería que el Contralor del Estado de Texas elaborara y mantuviera una lista pública de firmas financieras que supuestamente boicoteaban a las compañías de energía fósil sin un “propósito comercial ordinario”. Las entidades estatales, incluidos fondos de pensiones como el Teacher Retirement System of Texas y el Texas Permanent School Fund, tenían la obligación de retirarse de las inversiones con esas firmas o de evitar contratarlas para la gestión de activos públicos. En algunos casos, grandes gestores de activos globales como BlackRock o JPMorgan Chase fueron incluidos en esa lista o vieron afectada su relación de negocios con el estado antes de ser retirados en procedimientos posteriores tras cambiar ciertas políticas y posiciones.
El fallo del juez Albright se produce en el marco de una demanda presentada en agosto de 2024 por el American Sustainable Business Council (ASBC), una organización que agrupa a más de 250,000 empresas que integran criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y gestión. En su queja, ASBC argumentó que SB 13 no solo discriminaba por “punto de vista” al castigar voces críticas con los combustibles fósiles, sino que también carecía de criterios claros para determinar qué conductas constituían un boicot, lo que generaba inseguridad jurídica y arbitrariedad en su aplicación.
En su sentencia, el juez sostuvo que la definición de “boicotear” en SB 13 era “demasiado amplia”, en el sentido de que permitía al estado penalizar a empresas por “toda clase de expresión protegida”, incluyendo declaraciones públicas o afiliaciones con grupos que abogan por acciones contra el cambio climático o por reducir la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, señaló que la vaguedad de ciertos términos no daba a las empresas una guía suficiente para saber qué acciones estaban prohibidas, violando los principios del debido proceso establecidos en la Constitución estadounidense.
