“El riesgo de retrasarnos más de lo debido es la incertidumbre jurídica y no saber cómo se va a implementar”, dice Edmon Grieger, responsable de las prácticas de Energía y Recursos Naturales, y Ambiental de Von Wobeser y Sierra.
Eduardo Legorreta, associate director of sustainability and business growth en Revolution Sustainability Partners, señala que uno de los efectos más concretos del retraso está en la planeación presupuestaria de las compañías.
“Realmente convendría que saliera el reglamento para que las empresas sepan a qué atenerse y si hay algún tipo de previsión que haya que hacer, tanto financiera como de organización, se haga desde este año”, señala Legorreta.
Para el especialista, el momento de publicación importa porque muchas empresas ya están cerrando sus presupuestos para el siguiente ejercicio. Si las obligaciones se conocen hasta finales de año, algunas inversiones o ajustes operativos podrían tener que incorporarse después de que los presupuestos hayan sido aprobados.
El riesgo, explica Legorreta, es que una obligación que requiere infraestructura, acuerdos entre empresas o cambios en los procesos termine desplazándose varios meses. “No es lo mismo que te lo hagan desde ahorita y saber más o menos de dónde viene el golpe, a que te lo hagan en diciembre y en enero te digan: ‘¿Cuál es tu plan?’”, señala.
La coordinación será clave para la implementación
La ley ya establece los principios y algunas obligaciones del nuevo modelo, entre ellas la responsabilidad extendida del productor, que obliga a las empresas a mirar más allá de la fabricación y comercialización. Además, contempla mecanismos de circularidad, registros, gestión circular, incentivos y distintivos, entre otros instrumentos.
Además, la legislación distribuye responsabilidades entre productores, importadores, comercializadores, consumidores y contempla la coordinación entre federación, estados y municipios mediante el Sistema Nacional de Economía Circular.
