Cuando se habla de impuestos ambientales suele pensarse solo en un cobro directo a las emisiones de carbono, pero en realidad incluye impuestos sobre combustibles y energía, vehículos y transporte, contaminación, residuos y ciertos recursos naturales.
Por eso, los países que más recaudan por esta vía no son necesariamente los que tienen las tasas ambientales más elevadas, sino aquellos donde estas cargas generan más ingresos en relación con el tamaño de su economía.
De acuerdo con Environmentally Related Tax Revenue (ERTR) de la OCDE, Eslovenia encabeza el ranking de países con mayor recaudación tributaria ambiental, con 3.07% de su PIB, le siguen Grecia, con 2.86% e Italia, con 2.68%, en el top 3.
Top 10 países de la OCDE, promedio y México (% del PIB)
México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE. En el país, los ingresos por impuestos ambientales equivalieron a 1.32% del PIB, frente a 1.78% en promedio entre los países de la organización.
La mayor parte de esa recaudación proviene de la energía. Alrededor de 1.20% del PIB correspondió a impuestos relacionados con este sector, mientras que los vinculados con el transporte representaron 0.12%, según la OCDE.
El organismo señala que la tributación ambiental está subutilizada en México. En su Economic Survey of Mexico 2026, indica que el país introdujo un impuesto al carbono en 2014, pero su aplicación está limitada a determinados combustibles fósiles y las tasas son bajas. Además, señala que el gas natural y la gasolina quedan efectivamente exentos bajo la estructura vigente
Para 2023, la tasa efectiva neta de carbono de México, incluyendo impuestos a combustibles y precios explícitos de carbono, fue de 21.6 euros por tonelada de dióxido de carbono (CO2), frente a 76 euros en el promedio de la OCDE. El organismo estima que ampliar la base del impuesto al carbono y ajustar las tasas podría generar ingresos adicionales equivalentes a 1.8% del PIB.
México sigue el patrón observado en otros países, donde la mayor parte de los ingresos tributarios ambientales proviene de la energía. Sin embargo, esta fuente puede perder peso conforme avance la transición energética, disminuye el consumo de gasolina y diésel o se reduce la base gravable de algunos de los impuestos ambientales tradicionales.
La OCDE señala que, en los países miembros, la recaudación ambiental pasó de representar 1.8% del PIB en 2000 a 1.3% en 2023. Entre los factores están la inflación, que erosiona el valor real de impuestos fijados en cantidades nominales por litro, y el cambio hacia vehículos y combustibles menos intensivos en emisiones.
Esto está llevando a los gobiernos a buscar nuevas formas de ponerle precio a la contaminación. Una de ellas es cobrar directamente por las emisiones de carbono y ampliar las actividades sujetas a estos gravámenes. El informe Tax Policy Reforms 2026 de la OCDE señala que durante 2025 varios países elevaron sus tasas de carbono o ampliaron su cobertura.
El cambio tampoco se queda dentro de las fronteras nacionales. Desde el 1 de enero de 2026, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea (CBAM) entró en su régimen definitivo. Con este esquema, los importadores de determinados productos deben adquirir certificados que reflejan las emisiones de carbono incorporadas en bienes como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
El costo de esos certificados está ligado al precio del carbono en el mercado europeo y puede descontar el precio que ya se haya pagado en el país de origen.
Para las empresas mexicanas, la evolución de estos impuestos y mecanismos tiene una consecuencia que va más allá de la recaudación, pues conforme más mercados incorporen un precio al carbono, las emisiones asociadas a la producción pueden convertirse en un factor adicional de costo y, por tanto, de competitividad para las compañías que buscan exportar.
